La formalización del Acuerdo Recíproco de Aranceles en Washington marca un hito en la política comercial exterior de Guatemala.
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La reciente firma del Acuerdo Recíproco de Aranceles entre Guatemala y Estados Unidos asegura el arancel cero para el 70.4% de las exportaciones nacionales, blindando sectores clave como la agroindustria y textiles ante gravámenes globales.
Sin embargo, la exclusión de productos que representan US$1,530 millones y la urgencia de reformas administrativas y logísticas internas plantean un escenario de cautela para el sector exportador, que condiciona el éxito del pacto al cumplimiento estricto de los compromisos estatales.
El acuerdo, diseñado para complementar y fortalecer el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) garantiza que más de dos terceras partes de la oferta exportable guatemalteca ingresen al mercado estadounidense sin el pago de aranceles.
El presidente de la República, Bernardo Arévalo, calificó el logro como un paso estratégico para dotar de certeza jurídica a la economía nacional, especialmente tras la volatilidad arancelaria observada en el último año a nivel global.
Para el Gobierno de Guatemala, este pacto no solo asegura el flujo de mercancías hacia el principal socio comercial del país —que absorbe el 30.3% de las ventas externas con un valor de US$4,300 millones— sino que también proyecta una imagen de estabilidad para la inversión extranjera.
Según la ministra de Economía, Gabriela García, la profundización de la cooperación bilateral se traducirá en bienestar y nuevas oportunidades de empleo.
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El riesgo de las exclusiones
Pese al optimismo oficial, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) ha manifestado una profunda preocupación técnica. El análisis de la cámara sectorial revela que un 30% del valor exportado ha quedado fuera de los beneficios inmediatos, manteniendo un arancel del 10%.
Esta exclusión afecta a productos estratégicos como la arveja, frutas frescas, vegetales y alimentos procesados, los cuales suman aproximadamente US$1,530 millones en comercio anual.
Francisco Ralda, presidente de Agexport, advirtió que estos sectores enfrentan un riesgo real de desaparición. La combinación de un arancel persistente junto con un incremento del 30% en los costos operativos internos —derivado principalmente de ajustes salariales— ha erosionado el margen de competitividad frente a países competidores, como México, que ya gozan de arancel cero.
La asociación ha urgido al Ejecutivo a iniciar una "segunda fase" de negociación para rescatar estos subsectores y evitar la pérdida masiva de empleos en el área rural.
La amenaza del incumplimiento
La sostenibilidad de este beneficio arancelario no es automática. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), señaló que el país debe cumplir con una estricta hoja de ruta técnica para evitar que Estados Unidos restablezca los aranceles.
Entre los compromisos destacan la digitalización de procesos en los ministerios de Salud y Comunicaciones, y el cumplimiento de estándares internacionales de facilitación de comercio y propiedad intelectual.
Asimismo, el sector productivo señala que el éxito del acuerdo depende de resolver deficiencias estructurales: la infraestructura vial y la saturación portuaria generan sobrecostos que oscilan entre el 25% y 30%.
Si Guatemala no logra modernizar su logística y cumplir con los plazos administrativos pactados, los avances arancelarios podrían revertirse, dejando al país en una posición de vulnerabilidad frente a sus competidores regionales.
