La legislación también endurece las penas de los delitos cometidos por los integrantes de las maras.
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El pleno del Congreso de la República aprobó el fondo de revisión y el Decreto 11-2025, ambos con 145 votos a favor, con esto cobra vida la Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas.
Dicha ley declara a las maras o pandillas como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas.
La ley señala que "se entenderá como maras o pandillas a los grupos organizados que cuentan con una jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de ingreso y pertenencia, estructura territorial, identidad grupal, sentido de pertenencia".
La descripción de las maras o pandillas también señala que su "organización se conforma de clicas, células o unidades básicas de 3 o más integrantes que operan en un área geográfica determinada, y cuya actividad principal consiste en la comisión de hechos ilícitos, utilizando el terror en contra de la población como medio de coacción".
"Se declara a las organizaciones denominadas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, sus clicas y subgrupos, y a cualesquiera otros grupos que existan o surjan de acuerdo a la definición expresada en el párrafo anterior, como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas", afirma parte del artículo 2 del Decreto 11-2025.
Se aprueba fondo de revisión
El fondo de revisión fue leído al pleno del Congreso y luego de que varios diputados tomaran la palabra y se obtuvieron 145 votos a favor, posteriormente y sin más discusión se inició la redacción final de la iniciativa, la cual recibió la misma cantidad de votos.
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El fondo de revisión revisó lo aprobado en 11 artículos de la ley sin cambiar el fondo de la redacción.
Entre los delitos que se revisaron estaba la redacción de la obstrucción extorsiva del tránsito, reclutamiento ilícito de menores de edad y la usura.
Asimismo, se abordó la elaboración de la base de datos de personas privadas de libertad, lo relativo a la adquisición de equipo para el Ministerio de Gobernación y las medidas de seguridad nacional.
Endurece penas
El decreto reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ya que adicionó las tipificaciones de violación, agresión sexual, actividades sexuales remuneradas con menores de edad, femicidio y reclutamiento ilícito de menores.
También lo relacionado con extorsión, comercialización de vehículos robados en el extranjero o territorio nacional, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas y uso ilegal de uniformes e insignias.
En lo que respecta a la obstrucción extorsiva de tránsito, tendrá una pena de 14 a 18 años de prisión, la cual podrá aumentar en una tercera parte si quien lo comete pertenece a una pandilla o mara.
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Mientras que el reclutamiento ilícito de menores de edad también se castigará con prisión de 14 a 18 años y con una multa de Q100 mil a Q300 mil
El Decreto también reforma la Ley del Régimen Penitenciario, donde se exige que el Sistema en mención debe crear y mantener actualizada una base de datos de todas las personas que se encuentren en prisión.
Asimismo, se reforma el Código Penal en lo que tiene que ver con la extorsión, que ahora tendrá una pena de 6 a 12 años de cárcel y si el hecho es cometido por el integrante de una pandilla o mara aumentará en una tercera parte.
De la misma manera, se cambia la pena del enriquecimiento ilícito extorsivo que se sancionará con 14 a 18 años de cárcel y se aumentará la pena en una tercera parte si es cometido por el integrante de una pandilla.
El delito de usura también será reformado, que ahora tendrá una pena de 4 a 10 años de cárcel y una multa de Q 200 mil a Q 500 mil. Asimismo, se estipuló que si el delito lo comete un extranjero será expulsado del territorio nacional.
