Diputados logran acuerdos y aprueban cambios a la legislación vigente.
OTRAS NOTAS: Avanzan reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica
Previo a conocer un paquete de cinco préstamos y el primer debate del proyecto de presupuesto 2026, el Congreso de la República aprobó con 129 votos a favor el Decreto 21-2025 que reforma la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
Los parlamentarios comenzaron aprobar la ley desde el artículo 9 debido a que en la sesión plenaria celebrada el pasado 18 de noviembre, la discusión y aprobación quedó en ese artículo por falta de acuerdos.
En esa sesión, diputados oficialistas intentaron dejar a la iniciativa privada fuera del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), moción que no tuvo éxito y detuvo la aprobación de la ley.
En esta ocasión también se rechazó el artículo 9 con el cual se pretendía reformar la integración del Conadie, por tanto, este seguirá como lo indica la ley vigente y la iniciativa privada seguirá integrándolo.
Entre las reformas que se hicieron a la ley están las funciones generales y específicas del Conadie y ahora tendrá la misión de elaborar la Política y Plan de Acción de la modalidad de contratación de
alianzas para el desarrollo de infraestructura económica.
También, deberá aprobar la admisión y priorización de iniciativas y proyectos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y aprobar los estudios previos al régimen de Licitación, así como las bases de licitación.
Asimismo, deberá aprobar o modificar el régimen de compras o contrataciones del Fondo de
Capital Privativo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El decreto señala que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) deberá desarrollar y ajustar los módulos de los sistemas de administración financiera que correspondan o fueren requeridos, sistemas de contrataciones y otros necesarios para dar viabilidad a las disposiciones aprobadas en un término de 12 meses contados a partir de la vigencia de la Ley.
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Institucionalidad debe adaptarse
El Decreto ordena al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) a adaptar sus normativas e instrumentos de evaluación de estudios.
Lo anterior se hace con el objetivo de "dar viabilidad a la modalidad de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica" y las instituciones tienen un plazo de 12 meses contados a partir de la vigencia de la legislación para hacerlo.
También se precisa que los organismos del Estado, las entidades descentralizadas o autónomas, incluyendo las municipalidades y mancomunidades, interesadas en emplear la modalidad de contratación de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica deberán modificar y ajustar su normativa, reglamentos y demás disposiciones.
De la misma forma, la orden se emite para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas, registros y transacciones contables, presupuestarias, financieras y de contrataciones y para que puedan hacerlo se les otorga un plazo máximo de 12 meses.
El artículo 42 del Decreto precisa que a partir de la entrada en vigencia de la ley "se entiende que la denominación Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica se sustituye por Agencia Nacional de Infraestructura y que la denominación de Anadie se sustituye por ANI".
Asimismo, "la denominación de Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura
Económica (Conadie) se sustituye por Consejo Nacional de Infraestructura".
Recursos
En el Decreto, los diputados dispusieron que el Minfin asigne Q 50 millones a la cuenta específica para la operación del Fondo de Capital Privativo de la ANI; Q100 millones para la Preinversión de Proyectos e Iniciativas del Fondo de Capital Privativo de la ANI.
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También se asignarán Q 400 millones a la cuenta específica para Contingencias de los Proyectos del Fondo de Capital Privativo de la ANI y otros Q 2,000 millones para la Garantía de Proyectos del Fondo de Capital Privativo de la ANI.
Por último, para efectos del funcionamiento y el cumplimiento de los fines de la Agencia, se asignará anualmente al Fondo de Capital Privativo un monto no menor del 3 % y no mayor del 10 % del presupuesto de egresos de inversión física del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
En último artículo del decreto consta que este fue aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial.
El ponente de la iniciativa, ahora convertida en decreto, León Felipe Barrera, explicó que "no es una ley para privatizar. Es una reforma necesaria para dinamizar y que se logren ejecutar proyectos muy importantes en infraestructura que el Estado no es capaz de realizar solo".
