El Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio debido a los vehículos con metralletas que merodearon la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el viernes recién pasado.
Según la jefa la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, se abrió un expediente por abuso de autoridad, delito que podría enfrentar el Ministerio de Gobernación, pues se pudo tratar de un agresión contra operadores de justicia, tal como es considerado el personal de la CICIG.
Por su parte, Javier Monterroso, exsecretario del MP, opinó que el despliegue de estos automóviles no fue racional y pretendía intimidar a los integrantes de la comisión.
"El uso de fuerzas del Estado debe ser proporcional a la amenaza o para evitar que se pongan en riesgo los derechos de las personas, pero en este caso no se verificó ninguno de estos principios", agregó el exfuncionario.
En la tarde del viernes, luego de que Jimmy Morales anunciara que no prorrogará el mandato de la comisión, la fiscalía llegó a su sede para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que se puede observar el paso de los automotores.
¿Y la advertencia de Estados Unidos?
Los vehículos de tipo militar fueron donados por el Gobierno de Estados Unidos para que formaran parte de las fuerzas de tarea que combaten al narcotráfico y otras actividades criminales en las fronteras del país.
Por ese motivo, la embajada estadounidense emitió un comunicado en el que advirtió que vigila "de cerca que todo el equipo donado para la aplicación de la ley en Guatemala sea usado de manera apropiada y según los acuerdos bajo los cuales fue entregado".
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Además, Monterroso opinó que el uso indebido de los jeep J8 puede ser motivo de una sanción administrativa por parte de la Contraloría General de Cuentas, basada en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
Las autoridades de Gobernación afirmaron que el despliegue se trató de un operativo regular de seguridad. Sin embargo, Monterroso señaló que estos vehículos "no son propios de una ciudad, sino de fuerzas en las fronteras del país".
