El Congreso tiene la potestad de aprobar o rechazar el dictamen de la comisión en una sesión del pleno.
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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República dictaminó en contra de la iniciativa 6428 que buscaba reformar el delito de usura y peculado por sustracción tipificados en el Código Penal.
La iniciativa en cuestión fue presentada a la Dirección Legislativa del Congreso por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y leída ante el pleno del Legislativo el 19 de noviembre de 2024.
La propuesta consta de cuatro artículos. Los primeros dos se refieren al delito de usura, el tercero al de peculado por sustracción y el cuarto señala cuándo entraría en vigencia la legislación de ser aprobada por el Congreso.
Argumentos
El artículo 1 de la iniciativa propone reformar el delito de usura y agregar que lo comete cualquier persona que cobre un interés desproporcionado, "que compromete la seguridad alimentaria, los derechos a la educación, la salud y la vivienda del deudor y su familia".
Sobre este cambio, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales consideró que cae en una inconstitucionalidad porque a su criterio "pareciera conculcar el principio de seguridad jurídica, en su vertiente de legalidad".
Como argumento de su análisis, la Comisión señala que la propuesta no señala "quién hará esa calificación y valoración subjetiva", y que tampoco menciona "bajo qué parámetros" se hará dicho análisis.
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El segundo artículo de la iniciativa propone agregar el artículo 276 Bis al Código Penal, en el cual se estipule que "si la persona que comete el delito —de usura— fuere extranjero, la pena de prisión será de 10 a 12 años y la multa de Q 200 mil a Q 400 mil".
En este caso la sala de trabajo legislativa señaló que la propuesta sería inconstitucional porque "violenta el Derecho a la igualdad de las personas extranjeras frente a las nacionales, garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala y en tratados internacionales en materia de Derechos Humanos".
En lo que respecta al artículo 3 de la iniciativa, propone reformar el delito de peculado por sustracción y agregar que este delito lo comete además "cualquiera que preste servicios o funciones en cualquier institución del Estado".
También busca aumentar la pena que actualmente es de 5 a 10 años de prisión y multa de Q 10 mil a Q 50 mil a 6 a 12 años de prisión y multa de Q 25 mil a Q 50 mil, además propone que la pena aumente en dos terceras partes si el peculado se hace con insumos médicos.
Al respecto, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera que hay una inconstitucionalidad porque se transgrede "el principio de proporcionalidad de la pena garantizado en la Constitución y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos".
Con estos argumentos, la sala legislativa concluye que la iniciativa es "un proyecto inviable, inoportuno, inconveniente e inconstitucional" por lo cual la dictaminó de forma desfavorable.
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Sin embargo, el artículo 44 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo señala que en caso "una comisión emita un dictamen negativo a una iniciativa de ley" será el pleno del Congreso el que debe aprobarlo.
En caso de que el dictamen sea aprobado "la iniciativa será desechada y los antecedentes se mandarán a archivar", pero si el pleno no aprueba el dictamen desfavorable de la comisión "la iniciativa de ley volverá a nuevo estudio de la misma u otra comisión".
