El Ejecutivo ve con preocupación que la CC haya suspendido de forma provisional parte de un acuerdo sobre proveedores transparentes.
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El presidente Bernardo Arévalo afirmó durante la conferencia de prensa La Ronda, que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de manera provisional el Acuerdo Ministerial 208-2024, sobre proveedores transparentes, situación que afirma, le preocupa, porque considera que "sus efectos en la lucha contra la corrupción serán adversos".
Dicho acuerdo señala, entre otros requisitos, que para inscribirse como proveedor del Estado, hay obligación de entregar certificaciones y consignar quiénes son los integrantes del órgano de administración de la sociedad, accionistas y personas físicas que finalmente poseen o controlan las decisiones de la entidad.
"Conociendo los propietarios o accionistas de las empresas que contrata el Estado, se puede tener más transparencia, trazabilidad y facilita el atacar la corrupción en todas sus etapas y en todos los puntos del proceso", afirmó el mandatario.
Agregó que la normativa responde al estándar de cumplimiento "conoce a tu cliente" y en este caso procura que el Estado, por medio de instituciones como la Intendencia de Verificación Especial, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Comisión Nacional contra la Corrupción, puedan conocer quiénes son las personas individuales que controlan las entidades que se contrata.
"Es información que iría a entidades que tienen una responsabilidad en trabajar para controlar la corrupción, no es información pública. La CC decretó provisionalmente —suspender— el párrafo que dice quiénes son los accionistas y las personas físicas que finalmente poseen o controlan las decisiones de la persona jurídica en forma directa o indirecta", precisó el gobernante.
Citó que la decisión "tiene múltiples efectos negativos" y la calificó como un obstáculo, ya que considera que promueve niveles de opacidad, limita el cumplimiento de los estándares de transparencia a los que Guatemala está comprometido y expone el país al riesgo de ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
"Debilita la capacidad del Estado para identificar riesgos de corrupción y posibles conflictos de interés entre funcionarios públicos y empresas contratistas, facilita el uso de empresas fachada o testaferros para ocultar a los verdaderos beneficiarios de los contratos públicos, obstaculiza la trazabilidad financiera en casos de corrupción y lavado de dinero, debilita la confianza de la ciudadanía y de los proveedores íntegros", agregó.
Por aparte, precisó que se hará una presentación a la CC para presentar sus argumentos al respecto.
