La Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso exigió a la cartera de Desarrollo Social redirigir recursos y priorizar programas contra la desnutrición luego de conocerse que este año murieron 51 menores por falta de alimentación.
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La Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República sostuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para conocer la planificación operativa y presupuestaria del próximo año y evaluar los resultados del cierre fiscal 2025.
La sesión fue presidida por las diputadas Marleni Matías y Sofía Hernández, presidenta y vicepresidenta de la comisión respectivamente, y su objetivo fue verificar el funcionamiento de los programas sociales y exigir que se prioricen acciones para reducir los índices de desnutrición infantil en el país.
Sectores vulnerables
Durante el encuentro, las legisladoras solicitaron información sobre la ejecución de proyectos que atienden a familias en condición de vulnerabilidad, especialmente en Baja Verapaz y Huehuetenango, territorios donde las congresistas indicaron "continúan registrándose casos graves de desnutrición".
Según datos presentados por Matías, 51 niños fallecieron en 2025 por esta causa, por lo que junto a Hernández insistieron en que se lleve a cabo una investigación detallada de cada caso, por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Indicaron que "la muerte de los niños no es más que la falta de comida en sus casas" y que se requiere "una investigación de los fallecimientos niño por niño".
Reducción de presupuesto
Los representantes del Mides informaron que el presupuesto proyectado para 2026 es de Q323 millones, un 17 % menos de lo solicitado inicialmente, asimismo, expusieron las metas que tienen entre las que resantan habilitar 170 comedores sociales y ampliar los programas de Bolsa y Bono Social, además de continuar con la entrega de subsidios y transferencias sociales.
Proyecciones 2026
También mencionaron que para 2026 se espera atender a más de 70 mil hogares a través de la bolsa social de alimentos y alrededor de 240 mil con el bono salud, además de fortalecer el apoyo a niñas víctimas de violencia mediante el programa Vida.
Sin embargo, las diputadas cuestionaron que los recursos no se estén enfocando donde más se necesitan.
Matías señaló que los territorios con mayor incidencia de desnutrición, como Purulhá, Baja Verapaz y San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, "no han mejorado" en más de una década.
Hernández enfatizó que "las que más sufren son las mujeres", quienes deben administrar recursos mínimos para alimentar a sus familias.
Redirección de programas
Ambas coincidieron en que los programas deben evaluarse para determinar si están llegando a la población más afectada. "Los programas no llegan a donde deberían llegar", enfatizó Matías.
En la reunión también participó el representante del Fondo de Desarrollo Social (Fodes).
Este último expuso las metas para el 2026 respecto a infraestructura básica; 150 mil filtros de agua, 100 mil estufas mejoradas, pisos de cemento para igual número de familias, 15 mil letrinas y kits de captación de agua de lluvia para más de 44 mil hogares en distintos puntos del país.
No obstante, las diputadas señalaron que en comunidades "con hambre, la gente prefiere comida que cemento", e insistieron en orientar los recursos a asistencia alimentaria de forma prioritaria.
Las congresistas recordaron que, aunque no les corresponde ejecutar programas, sí deben fiscalizar su eficacia.
Por ello, solicitaron informes detallados sobre el uso de fondos, cronogramas de ejecución para 2026, el listado de beneficiarios y la ruta de intervención municipal.
Asimismo, solicitaron actualizar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Multianual para asegurar que la inversión se concentre en los municipios con mayor demanda alimentaria.
la sala de trabajo reiteró que Guatemala atraviesa una situación crítica.
"Estamos enfrentando una grave crisis alimentaria y poco abordaje institucional", expresó Hernández.
Mientas que Matías advirtió que la falta de atención tendrá consecuencias futuras en la niñez y juventud del país.
Ambas insistieron en que el presupuesto recientemente aprobado debe orientarse a combatir la desnutrición y garantizar acceso a alimentación digna para las familias más vulnerables.
