La Ley Antipandillas, que define como terroristas a las personas que integran estas estructuras y endurece penas de cárcel, llegó al Organismo Ejecutivo y será el presidente Bernardo Arévalo quien decida si la veta o sanciona.
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El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, informó que el Organismo Ejecutivo recibió esta semana el decreto que contiene la Ley Antipandillas y que actualmente se encuentra en proceso de análisis por parte de los equipos legales de la Secretaría General.
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Además, indicó que el presidente Bernardo Arévalo ha señalado que esta iniciativa puede considerarse como una herramienta para contribuir y fortalecer las estrategias en materia de seguridad impulsadas por el Ministerio de Gobernación.
Palomo añadió que la decisión sobre la sanción o veto del decreto será comunicada en los próximos días. Además, anunció que el lunes 10 de noviembre el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villena, abordará los temas relacionados a seguridad, incluido el análisis de la Ley Antipandillas.
Sobre la Ley Antipandillas
El Decreto 11-2025, denominado Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas, conocida como Ley Antipandillas, define el marco jurídico para identificar, designar y aplicar medidas contra estas estructuras criminales.
La normativa ha recibido apoyo de distintos sectores, entre ellos el presidente Bernardo Arévalo y el Gobierno de Estados Unidos, nación expresó su respaldo a través de su embajada en Guatemala. También ha generado aceptación entre la población, reflejada en diversas manifestaciones en redes sociales.
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El proceso de consenso y aprobación del decreto fue extenso, pues además de incorporar disposiciones nuevas, modifica varias leyes existentes. Con ello, se busca fortalecer la coordinación institucional y las acciones destinadas a enfrentar las actividades ilícitas de estos grupos.
Entre los aspectos centrales de la Ley Antipandillas destacan las disposiciones que orientan su aplicación como instrumento jurídico para el combate de las maras o pandillas en el país.
