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Cinco puntos para entender la recién aprobada Ley Antipandillas

  • Por Carlos Álvarez
24 de octubre de 2025, 01:00
Ley busca convertirse en una herramienta para la lucha contra los grupos criminales recientemente declarados como terroristas. (Foto: Archivo / Soy502)

Ley busca convertirse en una herramienta para la lucha contra los grupos criminales recientemente declarados como terroristas. (Foto: Archivo / Soy502)

La ley deberá ser enviada al Organismo Ejecutivo para que sea sancionada y publicada en el diario oficial.

OTRAS NOTAS: Congreso aprueba ley que declara terroristas a las maras o pandillas

El Decreto 11-2025, Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas, comúnmente referida como Ley Antipandillas, es un cuerpo legal que establece el marco jurídico aplicable para la identificación, designación y tratamiento de estas organizaciones criminales.

Su aprobación ha generado reacciones favorables desde diversos sectores, incluyendo al presidente Bernardo Arévalo y el Gobierno Estadounidense —a través de su embajada en Guatemala—, además de una amplia aceptación ciudadana que se refleja en redes sociales.

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Su proceso de consenso y aprobación resultó complejo debido a que el Decreto no solo introduce nuevos preceptos legales nuevos, sino modifica varias leyes vigentes, con lo cual se fortalece el combate integral contra las actividades delincuenciales de estos grupos.

Entre los puntos más importantes para entender la forma en la Ley Antipandillas se convertirá en una herramienta para combatir a las maras o pandillas destacan los siguientes:

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Las maras o pandillas fuereon declarados como grupos terroristas. (Foto: Archivo / Soy502)

1. Tipifica y declara terroristas a las maras o pandillas

Uno de los puntos medulares de la legislación se encuentra en el artículo 2 de la ley, el cual tipifica legalmente qué debe entenderse como mara o pandilla.

"Se entenderá como maras o pandillas a los grupos organizados que cuentan con una jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de ingreso y pertenencia, estructura territorial, identidad grupal, sentido de pertenencia, cuya organización se conforma de clicas, células o unidades básicas de 3 o más integrantes que operan en un área geográfica determinada, y cuya actividad principal consiste en la comisión de hechos ilícitos, utilizando el terror en contra de la población como medio de coacción", indica la ley.

El mismo artículo hace la declaratoria de terroristas de la pandilla Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, asimismo, establece el procedimiento legal con el cual em Ministerio Público (MP) puede pedir a la Corte Suprema de Justicia se designe como mara o pandilla a otros grupos que puedan surgir en el futuro.

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Los procesos penales en contra de los integrantes de las maras o pandillas se endurecerán. (Foto: Archivo / Soy502)

2. Endurece penas y el proceso penal

Junto a la designación como terroristas, el Congreso aprobó endurecer las penas de los delitos que cometen estos grupos y que su proceso legal sea más rígido, esto se logra mediante la reforma de tres cuerpos legales vigentes: La Ley Contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Los delitos cuyas penas se endurecieron son los siguientes:

Asimismo, se estipuló que los crímenes que cometen (en su mayoría) las maras o pandillas, no podrán concederse medidas sustitutivas. Esto significa que no podrán salir libres bajo fianza. Además, siempre que lo dictamine un juez, los integrantes de las maras o pandillas no podrán acceder a los fondos que obtengan de acciones ilícitas pues se podrán congelar sus cuentas.

En este mismo sentido se le ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que implemente las medidas necesarias para que amplié las competencias de los jueces de mayor riesgo para que conozcan los delitos que cometan las maras o pandillas.

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El Mingob tendrá fondos para comprar equipo táctico que ayude a combatir a las maras o pandillas. (Foto: Archivo / Soy502)

3. Dota de recursos al Mingob y agiliza compras

Los diputados establecieron que para fortalecer las capacidades del Ministerio de Gobernación (Mingob) en el combate frontal de las maras o pandillas la cartera puede comprar equipo táctico hasta por Q200 millones.

El equipo debe ser destinado para la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), la División Especializada en Investigación Criminal u otras unidades especializadas y encargadas de combatir a la maras o pandillas.

El decreto establece que solo por esta vez las adquisiciones estarán exentas de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, pero serán hechas bajo la estricta responsabilidad de las dependencias correspondientes.

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Entre las medidas de transparencia que se implementarán es que el Mingob podrá acudir a mecanismos de país a país con Estados Unidos u otros Gobiernos con los que Guatemala guarda relaciones bilaterales.

Además, todas las actuaciones y documentación de respaldo deberán publicarse en el Sistema Guatecompras, en un plazo no mayor a los 15 días de finalizada la negociación y adquisición.

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La ley ordena la construcción de dos cáreceles de máxima seguridad, una de detención preventiva y otra de cumplimiento de condenas. (Foto: Archivo / Soy502)

4. Ordena modificar y construir cárceles especializadas

Para abordar las modificaciones para el tratamiento de los integrantes de las maras o pandillas el Congreso ordenó dos cuestiones puntuales: readecuar instalaciones y la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad.

En primer lugar, en los próximos seis meses de entrada en vigencia la Ley, el Sistema Penitenciario deberá adecuar sala de videoconferencias para determinadas comunicaciones de los privados de libertad con sus visitas, audiencias, consultas médicas y otras comunicaciones que no requieran su presencia física.

Asimismo, se ordena que los centros deben contar con personal, instalaciones y equipo básico adecuado para proporcionar asistencia de salud médica a los reos.

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La segunda orden es para el Mingob para que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia del Decreto empiece la construcción de un centro de detención preventiva y un centro de privación de libertad, ambos de máxima seguridad, donde estarán detenidos los integrantes de maras o pandillas. Para esto se ordenó al Ministerio de Finanzas que lleve a cabo las ampliaciones presupuestarias necesarias

También se abre la oportunidad de que se celebra convenios bilaterales con otros gobiernos para que contemplen el cumplimiento de las penas o condenas en los centros de máxima seguridad legalmente reconocidos.

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El Ejecutivo debe liderar una estrategia para combatir a las maras o pandillas. (Foto: Archivo / Soy502)

5. Fortalece la cooperación interinstitucional

El Congreso ordenó que el Organismo Ejecutivo emita un Acuerdo para que se haga frente a las maras o pandillas mediante acciones de coordinación interinstitucional conforme a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

Lo que el Ejecutivo debe hacer es que el Mingob planifique las intervenciones coordinadas para recuperar el orden y la seguridad de los territorios afectados por las maras y de la misma manera concebir la cooperación internacional en material de inteligencia y seguridad, particularmente apoyado por el Ministerio de la Defensa.

El ejecutivo debe idear estrategias complementarias para combatir a las maras o pandillas, que pueden ser de prevención donde participarán los ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social, Salud Pública y otras instituciones vinculadas a la prevención de la violencia.

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Asimismo, se pide que exista un despliegue de las unidades especializadas en las áreas de operaciones de las maras o pandillas y que, junto al Ministerio Público, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria y la Unidad de Análisis Financiero, desarrollen operaciones para desarticular a las maras o pandillas y sus redes de apoyo.

El Organismo Legislativo pide que todo lo estipulado debe desarrollarse "con estricta observancia a la Constitución Política de la República, leyes y convenios e instrumentos internacionales aceptados y ratificados en materia de Derechos Humanos".

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