Guatemala mantiene el nivel de endeudamiento más bajo de Latinoamérica, pero expertos cuestionan si la excesiva prudencia fiscal ha frenado la inversión en infraestructura clave.
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Guatemala se posiciona en 2026 como el país con el nivel de deuda pública más bajo de América Latina en relación con su Producto Interno Bruto (PIB), situándose en un 26.8%.
Mientras el promedio regional oscila entre el 60% y 70%, esta métrica refleja una disciplina fiscal que, paradójicamente, convive con indicadores de infraestructura estancados.
Este escenario abre un debate profundo entre la administración pública y el sector productivo sobre si esta solvencia es una fortaleza real o una barrera invisible para el desarrollo nacional.
Según el más reciente reporte de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas (Minfin), el saldo total de la deuda pública al finalizar el primer trimestre de 2026 se consolidó en Q253,048.4 millones, cifra que representa un manejable 26.8% respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
El informe revela que la deuda interna —impulsada principalmente por la colocación de Bonos del Tesoro— sigue siendo el pilar fundamental, superando ligeramente a la deuda externa contraída con organismos multilaterales; de ahí que el 52.6% del total de las obligaciones esté denominado en moneda nacional.
La paradoja de la estabilidad
Para Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), la deuda, el gasto público y la recaudación son elementos que deben operar de forma sincronizada.
"Una deuda por debajo del 30% se considera sana y genera un espacio fiscal para invertir en protección social e infraestructura", explicó a Soy502 el funcionario.
Sin embargo, González Ricci recalcó que la inversión en capital humano y físico es lo que realmente genera un retorno. "Lógicamente la calidad del gasto también es indispensable", añadió al subrayar que la estabilidad macroeconómica es un activo que no debe ponerse en riesgo, pero sí aprovecharse mejor.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), calificó este escenario como una "subinversión crónica con credenciales financieras impecables".
Según Zapata, el problema estructural radica en que el país ha confundido la estabilidad fiscal con un fin último, cuando debería ser el punto de partida para una estrategia de crecimiento.
"La austeridad per se no es desarrollo. Guatemala ha mantenido una posición conservadora junto a países como Perú y Chile, pero con una diferencia crítica: nuestra inversión productiva permanece estancada en niveles del 16% al 17% del PIB, muy por debajo del promedio global del 25%", sentencia el directivo.
El alto costo de no invertir
Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señaló que no haber logrado resultados de impacto con los recursos disponibles ha representado un "costo de oportunidad alto" para la nación.
Prado sostiene que el mejor destino para el endeudamiento es la inversión productiva, algo que se ha visto limitado por la falta de una gestión pública óptima.
"Lamentablemente no se ha logrado un desempeño óptimo en la gestión de los recursos públicos, lo que es evidente en el mal estado de la infraestructura", explicó.
Por su parte, Francisco Ralda, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), es enfático en que si bien la estabilidad macroeconómica, la baja deuda pública y la disciplina fiscal son una ventaja competitiva, esta solvencia pierde valor si no hay competitividad real.
"Un país no compite solo por tener cuentas ordenadas; compite por tener carreteras eficientes, puertos modernos, energía competitiva y capital humano preparado", afirmó el directivo de Agexport.
Ralda advirtió que los rezagos históricos elevan los costos logísticos, mencionando que sectores de exportación han enfrentado fletes de hasta US$9,500 por contenedor, restando competitividad frente a otros mercados que, aunque más endeudados, poseen mejores puertos y carreteras.
Margen de maniobra
Según los técnicos del Banguat y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país tiene espacio para manejar déficits fiscales temporales de alrededor del 3%, siempre que se orienten exclusivamente a proyectos estratégicos.
González Ricci mencionó que, a nivel internacional, una deuda de hasta el 40% del PIB podría ser sostenible para países en desarrollo, aunque aclara que "en el caso de Guatemala no quisiéramos llegar a un extremo como ese".
Zapata sugirió observar modelos como el de Corea del Sur o Chile, donde la deuda se utilizó bajo reglas fiscales inteligentes y una coordinación estrecha con el sector privado.
"La lección no es replicar modelos estatales ajenos, sino la coordinación estratégica público-privada con metas medibles y rendición de cuentas real", explicó, al mismo tiempo que indicó que esto permitiría que el endeudamiento no sea una carga, sino una palanca de crecimiento.
"La solvencia fiscal deja de ser ventaja cuando se convierte en excusa para no invertir. Guatemala no puede conformarse con ser un país fiscalmente ordenado si al mismo tiempo mantiene brechas que limitan su desarrollo. La estabilidad debe servir para construir futuro, no para administrar el rezago", concluyó Ralda.
