Iniciativa para declarar terroristas a los mareros divide opiniones en el Congreso

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La falta de acuerdos entre diputados impidió el avance de una propuesta de ley para que los pandilleros sean considerados y sancionados como terroristas.

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Después de que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, confirmó el aumento de homicidios y extorsiones durante varias citaciones, en el Congreso se volvió a discutir sobre la posibilidad de declarar terroristas a los mareros.

El tema no figuraba en la agenda de la sesión extraordinaria que celebraron los diputados este martes 1 de julio, pero el jefe de la bancada Valor, Élmer Palencia, propuso en dos ocasiones que una iniciativa de ley en esa materia avanzara en segunda lectura.

Se trata de la propuesta 5692, que plantea endurecer el castigo para las actividades ilícitas cometidas por los pandilleros. Para el efecto, se busca aplicar diversas modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado y el Código Penal.

El proyecto pasó en primera lectura en marzo del año pasado, pero la diferencia de opiniones entre miembros de distintas bancadas ha frenado su avance desde entonces. En la sesión plenaria de este martes tampoco logró el apoyo necesario.

Palencia argumentó que "declarar a los mareros y extorsionistas como terroristas" es el primer paso para garantizar la seguridad ciudadana, y llamó a "ser contundentes contra las personas que están quitándole la vida a los guatemaltecos".

Asimismo, puso como ejemplo las medidas adoptadas en El Salvador, "donde los declararon terroristas (a los pandilleros) y los tratan como tal"; sin embargo, no consiguió el respaldo suficiente.

"Los pandilleros no son terroristas"

Una de las primeras en pronunciarse en contra de la citada iniciativa de ley fue la oficialista Alma Luz Guerrero. La diputada manifestó que "las maras se encierran en lo que se llama crimen organizado", por lo que, a su criterio, no se les puede considerar terroristas.

"El terrorismo implica botar gobiernos, destruir los Estados, para crear estado de terror, su mismo nombre lo dice. La delincuencia común y el crimen organizado son los responsables de las extorsiones, no es el terrorismo", remarcó.

Según la congresista, el tema de las pandillas debe abordarse desde el punto de vista social. "Este país no ha dado oportunidad de educación, no da oportunidad de trabajo, no da oportunidad de que nuestra juventud salga a delante", añadió.

Por su parte, Sonia Gutiérrez, de Winaq, calificó de "populista" la propuesta de elevar a los mareros a categoría de terroristas, y consideró que "hay temas más profundos" a analizar.

En ese marco, refirió que "hay un sistema de justicia cooptado, impune, que fácilmente vamos a llenar y hacinar más los centros carcelarios", en alusión a lo que, en su opinión, provocaría aprobar la ley en mención.

Quien también habló sobre el papel de los jueces en el tratamiento de los casos que involucran a mareros fue el diputado Gustavo Cruz. 

El representante de Escuintla indicó que en su distrito "a las dos horas, esos delincuentes están en las calles de nuevo". Según dijo, antes de crear una normativa como la planteada debe haber discusiones con participación del Organismo Judicial.

Urgen acciones

Entre los grupos que apoyaron a Palencia figuró la facción de Vamos, liderada por Allan Rodríguez. Napoleón Rojas, uno de sus miembros, criticó la postura del oficialismo y expresó: "Tal vez se les olvidó que los mareros tiraban artefactos, bombas, en los buses extraurbanos".

Además, dijo que "las extorsiones ya no dejan vivir a la población" y reiteró que por ello "se está pidiendo que se les declare terroristas (a los mareros)". El legislador aprovechó su intervención para criticar a sus colegas que votaron en contra de la iniciativa.

En la misma línea se pronunció Alexandra Ajcip, de la Comunidad Elefante, quien también buscaba la aprobación de un punto resolutivo para instar al presidente Bernardo Arévalo para "sacar al Ejército a las calles" y aumentar la seguridad. Su propuesta tampoco prosperó, por falta de votos.

Aumento de penas

La iniciativa de ley 5692, que no ha logrado avanzar en el Congreso, plantea que todos los delitos cometidos por los integrantes de maras, sean tramitados como de mayor riesgo. Entre esos se incluirían la extorsión, usurpación, organización de agrupaciones ilegales de gente armada y entrenamiento para actividades ilícitas.

Las penas que se proponen, dependiendo del acto y quien lo cometiera, van desde 6 hasta 40 años de prisión.