La normativa establece que no está dirigida contra la economía informal, sino que está orientada a combatir el lavado de dinero, la corrupción y otras actividades financieras ilícitas.
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Mientras el Congreso avanzaba en la aprobación de la nueva Ley Antilavado, una de las principales preocupaciones planteadas durante el debate fue el posible impacto que la normativa podría tener sobre comerciantes, emprendedores y trabajadores que realizan operaciones en efectivo.
Las dudas se centraron especialmente en si la ley podría afectar a quienes desarrollan actividades económicas legítimas dentro de la economía formal e informal.
En medio de la discusión de las enmiendas, el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Jorge Ayala, aseguró que la normativa aprobada incorpora mecanismos para proteger a los guatemaltecos que obtienen sus ingresos de forma lícita.
El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Jorge Ayala, aseguró que la nueva Ley Antilavado incorpora mecanismos para proteger a los guatemaltecos que obtienen sus ingresos de forma lícita.#Congreso #LeyAntilavado pic.twitter.com/XhLyY5p4g0
"Lo adiciona a forma explícita al artículo 1 de la ley, que es el objeto de la ley, donde establece que la ley no persigue ni la economía informal, no presume que el uso del efectivo tenga un origen ilícito ni tampoco va a tener implicaciones o utilización para fines tributario... para garantizar que las personas que realizan sus tareas comerciales, agrícolas, de forma lícita, esta presunción del dinero en efectivo no les afecte", explicó.
Según explicó, la normativa busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero sin criminalizar el uso del efectivo ni generar riesgos para quienes pueden demostrar el origen legal de sus recursos.
También agregó: "Si el banco sabe con quién ellos tienen su relación usual, ellos ocupan efectivo haciendo depósitos de transacciones lícitas, el banco debería de estar en las condiciones de, a través del conocimiento de su cliente, considerar que esos fondos son de un origen lícito".
No persigue la economía informal
Ayala explicó que uno de los aspectos incluidos de forma expresa en la nueva ley es que esta no persigue a la economía informal ni presume que el uso de efectivo tenga un origen ilícito. Además, indicó que la normativa no podrá utilizarse con fines tributarios.
El legislador indicó que estas disposiciones buscan brindar certeza jurídica a comerciantes, agricultores, emprendedores y trabajadores que realizan actividades productivas legítimas y que, por la naturaleza de sus negocios, manejan efectivo de manera habitual.
Agregó que las instituciones bancarias cuentan con mecanismos de conocimiento de sus clientes que permiten identificar cuándo los fondos provienen de actividades lícitas y habituales.
Otro de los cambios destacados por Ayala es la modificación de la figura penal relacionada con el lavado de dinero.
Según explicó, la nueva redacción exige que exista conocimiento e intención de participar en operaciones vinculadas con recursos de origen ilícito para que pueda configurarse el delito.
De esta forma, se elimina la posibilidad de que una persona sea señalada únicamente porque debía saber sobre el origen de los fondos.
Asimismo, señaló que la ley establece una separación más clara entre las funciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y las del Ministerio Público (MP).
Mientras la IVE continuará realizando labores de inteligencia financiera y análisis de operaciones sospechosas, la presentación de denuncias corresponderá exclusivamente al MP.
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Debate por los artículos 73 y 74
Durante la segunda fase de análisis de las enmiendas, a partir del 12 de mayo, los diputados discutieron ocho propuestas de modificación.
Tres de ellas fueron rechazadas debido a que podrían comprometer la evaluación que Guatemala enfrentará ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los puntos más debatidos fueron los artículos 73 y 74, que algunos diputados consideraron sensibles para generar interpretaciones contrarias a principios constitucionales.
Durante la discusión de las enmiendas, el diputado Allan Rodríguez, de la bancada Vamos, manifestó su preocupación por mantener sin cambios los artículos 73 y 74 de la iniciativa.Indicó que estos apartados podrían prestarse a interpretaciones que vulneren principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
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Rodríguez argumentó que ninguna persona debe ser considerada responsable de un delito antes de que exista una resolución judicial firme emitida por una autoridad competente.
Según expuso, algunos de los planteamientos contenidos en esos artículos podrían permitir que una persona sea objeto de señalamientos basados en presunciones sobre el origen de sus recursos, especialmente en sectores donde predominan las transacciones en efectivo.
El legislador advirtió que esta situación podría generar preocupación entre pequeños comerciantes, vendedores de mercados y trabajadores de la economía informal.
Por ello, insistió en que la legislación debe garantizar plenamente los derechos constitucionales y evitar cualquier interpretación que pueda afectar a ciudadanos que desarrollan actividades lícitas.
Protección para comerciantes honestos
En respuesta a estas inquietudes, el diputado Juan Carlos Rivera, de la bancada Victoria, sostuvo que la ley no está dirigida contra comerciantes ni emprendedores que obtienen sus ingresos de forma legal.
Rivera afirmó que quienes realizan actividades comerciales legítimas podrán continuar efectuando depósitos bancarios provenientes de sus ventas diarias sin enfrentar problemas, siempre que puedan demostrar el origen de sus recursos.
Explicó que las obligaciones de justificación de fondos aplican principalmente cuando existen operaciones de montos elevados o movimientos que despierten alertas dentro de los mecanismos de prevención de lavado de dinero.
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También enfatizó que la normativa busca perseguir a estructuras criminales, redes de corrupción y personas que intentan introducir recursos de origen ilícito al sistema financiero, pero no a los guatemaltecos que trabajan de manera honesta.
Además, destacó que la aprobación de la ley también busca proteger la estabilidad financiera del país y resguardar el flujo de remesas familiares enviadas por los guatemaltecos que residen en Estados Unidos.
Según indicó, estas transferencias representan uno de los principales motores de la economía nacional y mantener estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero resulta fundamental para evitar sanciones o restricciones que puedan afectar a miles de familias.
Tras varias semanas de discusión, los diputados concluyeron que las modificaciones incorporadas en la nueva Ley Antilavado fortalecen la legislación y ofrecen mayores garantías para la protección de los derechos ciudadanos, sin la necesidad de modificar esos dos artículos.
