El reto de Guatemala es derribar las barreras burocráticas para un mejor funcionamiento del mercado, explica experto.
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La reciente aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala abre un espacio importante para modernizar el mercado nacional y fortalecer las condiciones de competencia, por lo tanto, su impacto no debe interpretarse de manera simplista, señaló el abogado experto en la Ley de Competencia, Mario Estuardo Archila.
"Uno de los principales mitos que ha circulado es que con la entrada en vigencia de la ley de competencia los precios van a bajar. Esto es un entendimiento incorrecto. Las leyes de competencia no causan por sí mismas una bajada en el precio", explicó el experto.
Precisó que la norma no tiene un efecto automático sobre los precios, sino que busca generar condiciones para que la competencia funcione mejor en sectores donde existan distorsiones.
"Una mejora en la dinámica de competencia es que pudiera ayudar a que mejoren precios en algunos sectores", añadió Archila, quien explicó que el mercado guatemalteco ya presenta competencia en varios ámbitos, aunque con obstáculos estructurales y regulatorios que dificultan su funcionamiento.
Añadió que el verdadero potencial de la Ley de Competencia radica en la función de "abogacía de la competencia", es decir, en la capacidad de la nueva Superintendencia para identificar y proponer la eliminación de regulaciones que impiden un funcionamiento sano del mercado.
"Las autoridades de competencia pueden incidir en una mejora bastante rápida de los mercados no por las facultades sancionadoras que pueda tener una ley, sino por lo que se denomina abogacía de la competencia o defensa de la competencia", indicó Archila.
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Subrayó que una de las tareas más importantes para los próximos años será la identificación de "barreras reglamentarias ilegales" y la formulación de propuestas concretas de derogatoria o modificación de normas.
"La Superintendencia de Competencia debería en los siguientes años hacer estudios de dónde existen esas barreras reglamentarias o legislativas y dar un informe con las propuestas de derogatorias o modificaciones a manera que ya eso quede eliminado", afirmó el experto.
También señaló que Guatemala enfrenta un serio problema de burocracia, el cual impacta directamente en la competitividad.
Datos proporcionados por el experto indican que Guatemala es el país de América con más trámites (más de 5,000) mientras que Bahamas tiene menos de 500.
Además de los obstáculos regulatorios, el especialista mencionó las limitaciones logísticas e infraestructurales que encarecen la producción y el transporte de bienes en el país. "No puedo tener precios bajos si mis costos logísticos son tres o cuatro veces más grandes que los costos logísticos en El Salvador o en México", apuntó.
Respecto al funcionamiento de los mercados concentrados, Archila aclaró que la Ley de Competencia no busca sancionar el tamaño de las empresas ni la estructura del mercado, sino conductas abusivas.
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Puso como ejemplo el mercado de las telecomunicaciones, donde la presencia de solo dos operadores no necesariamente implica una práctica anticompetitiva.
"El que haya pocos oferentes en una telecomunicación, solo dos, no quiere decir que sea un caso a perseguir, porque lo que la ley de competencia guatemalteca persigue es una conducta que resulte abusiva", puntualizó el experto.
Destacó que la nueva ley constituye una oportunidad para mejorar la eficiencia económica del país, pero su éxito dependerá de la capacidad técnica e independencia de la Superintendencia.
"El reto no es castigar, sino entender y corregir las verdaderas causas que impiden la competencia en Guatemala", concluyó el abogado.
