Dos personas quedaron ligadas a proceso penal por anomalías en la inscripción de comité pro formación de un partido político.
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El pasado 7 de octubre, la Fiscalía de Delitos Electorales, realizó allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y reportó la captura de dos personas, acusadas en un caso nuevo.
La audiencia de primera declaración en contra de los capturados; Gustavo P. y Mario U. terminó la noche del jueves 16 de octubre, a cargo del Juzgado Décimo Penal. La misma se desarrolló a puerta cerrada por encontrarse en reserva.
Tras concluir la audiencia, la reserva se levantó respecto a los dos acusados, pero el caso y otros posibles sindicados, mantienen la reserva.
El juez resolvió ligarlos a proceso penal, a Mario U. por el delito de uso de documento falsificado con agravación electoral y a Gustavo P. por cohecho pasivo, falsedad material, falsedad ideológica con agravación electoral y abuso de autoridad con propósito electoral.
Pero les otorgó medida sustitutiva y el pago de una caución económica de Q2,000.
La acusación
La investigación inició por una denuncia que presentó en 2023, el mismo Tribunal Supremo Electoral por irregularidades en la presentación de hojas de adhesión ciudadana utilizadas para cumplir con los requisitos de constitución del partido político Alianza por la Justicia.
De acuerdo con las pesquisas, en febrero de 2023, el entonces secretario general del comité pro-formación, Mario U., presentó ante el Departamento de Organizaciones Políticas del TSE las hojas de adhesión ciudadana necesarias para la inscripción del partido.
Pero dichas hojas contenían nombres y datos personales de ciudadanos y empleados del TSE sin su consentimiento. Ante la presión por reunir las 25 mil firmas requeridas, en noviembre de 2022 Mario U. sostuvo reuniones con Gustavo P., trabajador del TSE con el cargo de oficial de Secretaría General II. Durante dichos encuentros, se habría acordado la obtención de aproximadamente 12 mil adhesiones a cambio de Q250,000.00.
"De acuerdo con los indicios recabados, los pagos se efectuaron en cuatro entregas, entre noviembre de 2022 y enero de 2023, a cambio de obtener información de ciudadanos y empleados del TSE, la cual fue utilizada para llenar hojas de adhesión y afiliarlos sin su consentimiento", informó el MP.
