Procurador asegura que los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas.
OTRAS NOTAS: Expertos de la ONU señalan a Consuelo Porras en posibles adopciones ilegales
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que debido a la información revelada por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre posibles irregularidades en la adopción de menores guatemaltecos, interpuso una denuncia y solicitó ser querellante adhesivo del caso.
El procurador Julio Roberto Saavedra informó que la decisión institucional adoptada por la PGN, "responde al cumplimiento estricto de la ley y al compromiso permanente del Estado con la justicia y la protección integral de la niñez y adolescencia".
Ayer la ONU manifestó su preocupación por presuntas adopciones ilegales de niños guatemaltecos, en los que pudo estar involucrada la fiscal general, Consuelo Porras.
"La información recibida sobre al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala es sumamente preocupante", afirmaron los expertos de la ONU.
Según el comunicado, la preocupación mayor es que no se haya realizado una investigación pronta exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos.
Los expertos también muestran inquietud porque las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no recibieron ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas.
El procurador recordó que "este tipo de pronunciamientos constituye un llamado de atención dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos cuando existen señalamientos sobre posibles vulneraciones, graves vulneraciones, particularmente cuando involucran a niñas, niños y adolescentes".
El funcionario aseguró que, en tales circunstancias, "el derecho internacional y el propio ordenamiento jurídico interno, coinciden en un principio fundamental".
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"Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley. El comunicado enfatiza la importancia de que las alegaciones sean investigadas y esclarecidas a través de los mecanismos estatales competentes", afirmó Saavedra.
Señaló que esto se hace para "garantizar certeza jurídica, protección efectiva de derechos y respeto pleno al debido proceso" por lo que "corresponde al Estado, a través de sus instituciones, asegurar que la verdad se establezca por las vías legales previstas".
"Por esa razón, la PGN presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP), activando el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso", afirmó el procurador.
Añadió que "la Procuraduría solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el propósito de contribuir activamente al proceso, aportando elementos que coadyuven con el esclarecimiento de los hechos y al fortalecimiento de la investigación dentro del marco legal correspondiente".
"Esta actuación reafirma el funcionamiento esperado, normal, objetivo del Estado de Derecho. Cada institución debe cumplir el rol que la ley le asigna", destacó el funcionario.
Agregó que "investigar permite esclarecer los hechos con seriedad jurídica, proteger a posibles víctimas y garantizar certeza para todas las personas involucradas".
Fiscal responde a señalamiento
Mediante un mensaje en su cuenta oficial de x la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras respondió al señalamiento de los expertos de la ONU.
"Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente, las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas que han sido difundidas en mi contra", escribió la fiscal.
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Porras asegura que dichos señalamientos "carecen de sustento probatorio y son completamente malintencionadas, mismas que, lejos de tutelar los derechos humanos, los vulneran y distorsionan".
"Iniciare las actuaciones correspondientes ante los mecanismos competentes de las Naciones Unidas a fin de que las declaraciones emitidas sean objeto de revisión, aclaración y corrección. Mi actuación se ha regido y continuará rigiéndose estrictamente por la Constitución y la ley", precisa la publicación.
La jefa del Ministerio Público señaló que "la defensa de la honra y la reputación por las vías legales es un ejercicio legítimo del debido proceso y del Estado de Derecho".
