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Una reunión y las llamadas que implicarían a Sandra Torres

  • Por José David López
06 de febrero de 2019, 14:02
El MP y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra la candidata Sandra Torres. (Foto: archivo/Soy502)

El MP y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra la candidata Sandra Torres. (Foto: archivo/Soy502)

Las investigaciones del nuevo caso de financiamiento electoral irregular contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) implicarían directamente a Sandra Torres. Una reunión y llamadas intervenidas forman parte de la investigación contra la candidata presidencial por dicho partido político.

La supuesta reunión que forma parte del expediente contra Torres, ocurrió previo a la segunda vuelta electoral de 2015. En este encuentro habría particiado la actual candidata, un ejecutivo de la empresa Unipharm y un trabajador de este último.

Los ejecutivos de esta empresa brindaron su testimonio a la fiscalía sobre el acercamiento y el financiamiento para la campaña electoral de Sandra Torres y su entonces compañero de fórmula, Mario Leal. 

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La reunión

La cita era para entregarle a Sandra Torres un segundo aporte de 250 mil quetzales, pues antes de la primera vuelta le habrían entregado uno de la misma cantidad, pero no directamente. Se cree que el empresario quería estar seguro de que esta vez el dinero sería usado para la campaña, pues tuvo dudas sobre el destino de la primera contribución. 

Su primer aporte, también a través de un cheque de la empresa Unipharm, fue depositado en la cuenta bancaria de MAARIV S.A., una de las tres empresas usadas para recaudar fondos para la campaña electoral y una de las firmas manejadas por Leal, según la investigación del Ministerio Público.

En cambio, el segundo aporte, en teoría por instrucciones de Sandra Torres en esa reunión en la que también se habló de su plan de gobierno, fue entregado a un hombre llamado Byron Argueta, quien habría estado a cargo de las gestiones de su campaña electoral. 

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Se cree que el cheque fue entregado por el trabajador del empresario a esta persona. Según la investigación, estos fondos luego sirvieron para pagar las vallas usadas en un tráiler que recorría distintas partes del país. 

Ambos aportes, de haber ocurrido, serían considerados como financiamiento electoral no registrado, pues según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se trató de ocultar el origen real del financiamiento reportado por la UNE. 

Llamadas intervenidas

Este caso de financiamiento electoral se originó del denominado Traficantes de Influencias. Sin embargo, también tiene conexión con el llamado Negociantes de la Salud, pues se ha conocido que dentro de este nuevo expediente judicial figuran interceptaciones telefónicas de este caso. 

En una de las llamadas intervendría Torres y Gustavo Alejos, implicado en el caso Negociantes de la Salud y quien nuevamente enfrentará cargos por esta nueva investigación. Hasta el momento no se han revelado detalles de esa conversación.

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