23/10/2020

  • Política

¿Qué sí y qué no se puede hacer en un estado de sitio?

  • Por José Miguel Castañeda
04 de septiembre de 2019, 16:09
El estado de sitio aún debe ser ratificado por el Congreso. (Foto: Gobierno de Guatemala)

El estado de sitio aún debe ser ratificado por el Congreso. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Varios municipios de Izabal, Zacapa, El Progreso, Petén y Alta Verapaz amanecerán este jueves bajo estado de sitio.

La medida fue decretada por el presidente Jimmy Morales en Consejo de Ministros luego de que tres militares fueron asesinados en la aldea Semuy II de El Estor, Izabal.

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Esta medida le permite a las fuerzas de seguridad implementar diversas acciones para resguardar el orden público como hacer detenciones sin necesidad de una orden judicial o reprimir por medios "preventivos, defensivos u ofensivos" cualquier acción que consideren que altera la tranquilidad.

De acuerdo al artículo 19 de la Ley de Orden Público, las detenciones sin orden judicial se podrán efectuar en los siguientes casos:

  • Toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público o de ejecutar o propiciar acciones tendientes a ello
  • Toda persona que pertenezca o haya pertenecido a las organizaciones o grupos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 64 de la Constitución

Este último párrafo hace alusión a la Carta Magna, que actualmente en el artículo 64 se refiere a la preservación y promoción de la cultura; no obstante cuando fue promulgada la Ley de Orden Público, la Constitución vigente no era la misma que en la actualidad.

"Se prohíbe la organización o funcionamiento de grupos que actúen de acuerdo o en subordinación a entidades internacionales que propugnen la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario", es lo que establecía esa Carta Magna.

El estado de sitio también contempla que se puede limitar o impedir las reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos, aún si fueran privados.

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Las autoridades podrán disolver por la fuerza cualquier reunión no autorizada o si efectúe portando cualquier tipo de arma.

La Ley de Orden Público contempla varias otras disposiciones que el Organismo Ejecutivo puede implementar:

  • Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza, e intervenir los prestados por empresas particulares
  • Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro
  • Exigir a quienes viajen a los municipios en estado de sitio la declaración de su itinerario
  • Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público
  • Intervenir el funcionamiento de los servicios públicos y de las empresas privadas que los presten, para asegurar el mantenimiento de los mismos y podrá asimismo, exigir la cooperación de los empresarios y de sus trabajadores para que no se interrumpan
  • Exigir los servicios o el auxilio de particulares para mantener el funcionamiento de los servicios de utilidad pública o de aquellos cuyo servicio o auxilio se estimen necesarios
  • Negar la visa a extranjeros, domiciliados o no en el país, o disponer su concentración en determinados lugares o su expulsión del territorio nacional
  • Obligar a cualquier persona a que resida en determinado lugar; a que permanezca en su residencia, o que se presente a la autoridad en los días y horas que se le señalaren cuando fuere requerida
  • Prohibir el cambio de domicilio o de residencia a las personas que prestaren servicios de carácter público o de similar naturaleza en cualquier industria, comercio o trabajo
  • Cancelar o suspender las licencias extendidas para la portación de armas y dictar las medidas que fueren pertinentes para el control de las últimas
  • Centralizar las informaciones relativas a la emergencia, en algún funcionario, dependencia u oficina pública
  • Prohibir y suspender las reuniones, huelgas o paros, con disposiciones y medidas adecuadas al caso y a las circunstancias de la emergencia

El Acuerdo Gubernativo aún debe ser ratificado en el Congreso para que su vigencia se prolongue por un mes; no obstante, podría tener el apoyo necesario en este organismo, debido a que los mismos diputados solicitaron, por medio de un punto resolutivo, decretar el estado de sitio.

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