Waldemar Lorenzana Lima, el Patriarca del clan de los Lorenzana, comparte algo más que una escandalosa captura y extradición con otros guatemaltecos acusados de narcotráfico en Estados Unidos. Ahora, a sus 78 años de edad, pertenece al grupo de los narcotraficantes excarcelados sin alboroto ni grandes titulares de prensa. El Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés) lo registra como “excarcelado” desde el 20 de noviembre de 2015, un año y ocho meses después de su extradición. En ese lapso, estuvo sujeto a análisis para establecer si sería declarado “incompetente” para enfrentar juicio.
En mayo de 2015, Lorenzana se oponía a ser diagnosticado con una enfermedad o defecto como sinónimo de incompetencia mental, según el documento 576 del expediente 03-CR-00331-CKK, en una corte en Washington, Distrito de Columbia (capital de EE. UU.). Cuatro días antes de su excarcelación, Lorenzana y su abogado Eduardo Balarezo habían notificado a la corte que rechazaban el diagnóstico de la doctora Angela Walden Weaver (documento 652), psicóloga forense del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los documentos disponibles no revelan dónde está Lorenzana Lima, pero sí que está sujeto a más evaluaciones fuera de la jurisdicción del BOP.
Guatemala extraditó a Lorenzana Lima en marzo de 2014 y, desde finales de ese mismo año, sus abogados intentaban persuadir a la jueza Collen Kollar-Kotelly que su cliente padecía la enfermedad de Alzheimer y no debía ser enviado a juicio. Lorenzana Lima estaba en la Institución Correccional Federal Petersburg Medium, una cárcel de seguridad intermedia en Virginia. En febrero de 2015, lo trasladaron a la Institución Correccional Federal de Butner, en Carolina del Norte, para evaluarlo.
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Según el documento 576 del expediente, un evaluador en Butner concluyó que “Lorenzana Lima sufre de una enfermedad o defecto mental, y no puede comprender la naturaleza ni las consecuencias del proceso legal en su contra, o ayudar apropiadamente a su defensa; no es competente para proceder en este caso”. Para la fiscalía, una enfermedad o defecto mental y la incompetencia no son excluyentes uno del otro.
El abogado defensor dijo a la jueza que tenía problemas para que Lorenzana Lima comprendiera los procedimientos legales, entre finales de 2014 y principios de 2015, y que recibía cuidados inadecuados. No obstante, en febrero de 2015, la fiscalía registró en el documento número 538 que “al procesado se le han prescrito medicinas a las que parece estar respondiendo bien, (pero) también ha rechazado numerosas evaluaciones médicas”.
Los argumentos del Alzheimer surgieron pocos meses después del 18 de agosto de 2014, cuando Lorenzana Lima se declaró culpable y aseguró que sus hijos traficaban droga, no él, pero que lo hacían en sus propiedades. Desde entonces, las dudas respecto a su estado mental retrasan la sentencia.
Para mayo de 2015, la defensa intentaba detener la sentencia y trasladar a Lorenzana Lima a un centro de tratamiento. La fiscalía se oponía. Ahora Lorenzana Lima está en el limbo en tanto la jueza decida si lo sentencia y que cumpla la pena donde está internado, o si ordena su excarcelación y deportación a Guatemala. No sería el único septuagenario en este caso que es excarcelado y deportado a su país por motivos de salud.
En 2011, la jueza condenó a cuatro años de cárcel a Phanor Arizabaleta Arzayús, el último capo activo del cartel de Cali, en Colombia. Tenía 73 años, y era uno de los proveedores principales de cocaína para los Lorenzana. La droga la transportaba una estructura del guatemalteco Otto Herrera García. Este último y el colombiano estaban acusados en el mismo caso que Lorenzana Lima.
En 2012, Arizabaleta salió libre después de un año de cárcel y lo deportaron a Colombia porque padecía problemas cardíacos. En su país, enfrentaba cargos por secuestro, pero en marzo de 2016 un juez le otorgó libertad condicional por buena conducta y su estado de salud. Un mes después, Arizabaleta murió de un infarto en una clínica de Cali. Tenía 78 años, la edad actual de Lorenzana Lima.
Mientras tanto, también es incierto el futuro de sus hijos Waldemar y Eliú Lorenzana Cordón, acusados en el mismo caso que el padre, y extraditados a EE. UU. en 2014 y 2015, respectivamente. En marzo de 2016, un jurado los encontró culpables, pero la jueza todavía no les ha dictado una sentencia de cárcel. Lorenzana Lima todavía parece lejos de cumplir el castigo ejemplar que la fiscalía en Washington, D.C. esperaba cuando lo acusó junto a sus hijos y ocho personas más en 2009. Para el 9 de marzo próximo, la defensa deberá presentar un nuevo informe de su cliente. El 6 de abril la fiscalía debe notificar cómo reaccionará y el 18 de abril la corte podría anunciar una decisión.
