Funcionaria busca recibir una compensación por los servicios que prestó en la cartera que hoy dirige.
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La ministra de Comunicaciones Norma Zea restó importancia a los cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés derivado de una demanda por prestaciones que mantiene contra el Estado.
La funcionaria aseguró que el proceso corresponde exclusivamente a instancias judiciales, que no incide en el ejercicio de sus funciones y evitó responder si considera que tiene impedimento legal para seguir en el cargo.
Durante la conferencia de prensa La Ronda, Zea fue consultada sobre las opiniones de analistas que señalan un eventual impedimento legal, en referencia al artículo 197 de la Constitución.
"El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) no es el juzgado ni la sala para decidir sobre mis pretensiones, ya que estas decisiones corresponden en forma exclusiva a los órganos jurisdiccionales correspondientes", afirmó la ministra.
Respecto a la referencia constitucional, la ministra manifestó desconocer el alcance del señalamiento pues a su criterio el artículo 197 constitucional se "refiere a algo de educación".
Sin embargo, el Artículo 197 de la Constitución Política de la República no habla sobre educación sino específicamente detalla las "prohibiciones para ser ministro de Estado".
La funcionaria no profundizó más en su respuesta y evitó comentar si considera o no, tener una prohibición legal como ha sido planteado por los analistas.
Sin embargo, periodistas cuestionaron la considera ético mantener una demanda activa contra la institución que actualmente dirige y se le consultó si por esa razón se ha planteado renunciar al cargo.
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"El tema de las prestaciones no es un tema de ética, sino es un tema de derecho, son derechos irrenunciables", sostuvo la ministra.
Asimismo, descartó la posibilidad de presentar su renuncia por esta situación ya que considera que no tiene "una motivación para hacerlo".
Las declaraciones de la ministra se producen en medio de cuestionamientos sobre la compatibilidad entre su rol como titular del CIV y la existencia de un proceso legal en el que figura como demandante frente al Estado.
Una nota de prensa del medio de comunicación La Hora, precisó que Zea reclama alrededor de Q 906 mil en concepto de prestaciones laborales por los servicios que prestó en el CIV entre 2010 y 2023, la ministra fue contratada en un renglón sin relación de dependencia, aun así, demandó al Estado.
