El Congreso analiza una reforma integral a la Ley de Contrataciones del Estado para agilizar los lentos procesos de compras y obras en las instituciones públicas.
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Comprar medicinas para un hospital y contratar la construcción de una carretera prácticamente siguen el mismo procedimiento bajo la actual Ley de Contrataciones del Estado, una de las principales razones por las que muchas instituciones tardan meses, e incluso años, en concretar proyectos o adquirir los insumos necesarios.
Así lo explicó el diputado Elmer Palencia, integrante de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, en donde permanece en análisis una nueva propuesta sobre esta ley.
La iniciativa 6688 es una propuesta presentada por el Organismo Ejecutivo que busca sustituir la legislación vigente por una nueva Ley de Contrataciones Públicas, con procesos más ágiles, mayor uso de tecnología y nuevos mecanismos de control.
Además, plantea cambiar por completo la forma en que las instituciones públicas adquieren bienes, contratan servicios y ejecutan obras. El objetivo es que el Estado responda más rápido sin sacrificar la transparencia.
Por aparte, este 15 de julio, el Gobierno presentó este miércoles los avances de la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo.
En la actividad, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que la modernización del Estado es prioridad y buscan recuperar la capacidad del Estado para planificar, coordinar, evaluar resultados y rendir cuentas, además de simplificar los servicios públicos y fortalecer las instituciones.
¿Por qué cambiar la ley?
Palencia explicó que la normativa actual terminó convirtiendo al Estado en una institución lenta para atender las necesidades de la población.
Según indicó, la legislación fue diseñada principalmente pensando en la contratación de obras de infraestructura y con el paso del tiempo dejó de responder a otras necesidades del sector público, como la compra de medicamentos, equipo o servicios especializados.
Agregó que esa falta de diferenciación provoca que procesos completamente distintos deban cumplir prácticamente los mismos requisitos y plazos que terminan retrasando la ejecución de proyectos en áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura.
Una reforma integral
El diputado Palencia aseguró que la propuesta no busca modificar únicamente algunos artículos de la ley actual.
Explicó que la iniciativa supera los 200 artículos y plantea una transformación completa del sistema de contrataciones públicas. "Estamos hablando de una reforma integral, no de un parche", indicó.
Agilizar procesos sin perder transparencia
Uno de los cambios relevantes de la iniciativa es que la rapidez de un proceso no debe verse como sinónimo de falta de controles.
Palencia sostuvo que durante muchos años se ha pensado que mientras más largos sean los procedimientos existe mayor transparencia; sin embargo, considera que eso no necesariamente ocurre así.
Por el contrario, indicó que es posible contar con procesos más rápidos utilizando herramientas tecnológicas que permitan dar seguimiento a cada etapa de las contrataciones y fortalecer la fiscalización del uso de los recursos públicos.
En ese sentido la iniciativa propone fortalecer Guatecompras, digitalizar procedimientos y mejorar la trazabilidad de cada adquisición realizada por las instituciones del Estado.
¿Qué cambiaría si la ley se aprueba?
Además de crear un nuevo Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, la propuesta reorganiza la forma en que se realizan las compras estatales.
Entre los principales cambios se encuentran nuevas modalidades de contratación, procedimientos diferenciados según el monto de la compra y criterios de evaluación que ya no dependerían únicamente del precio más bajo.
También incorpora aspectos como el diálogo competitivo con proveedores, la subasta electrónica inversa y los convenios marco para agilizar adquisiciones frecuentes, además de establecer controles para evitar sobrevaloraciones y fortalecer la publicidad de todos los procesos en Guatecompras.
Una ley para todo el Estado
Palencia enfatizó que la iniciativa no está pensada únicamente para el Gobierno central y explicó que las nuevas reglas aplicarían también a municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entidades autónomas y cualquier institución que administre recursos públicos.
Además, afirmó que el principal beneficiario no serían las instituciones, sino la población, pues una mayor agilidad en las contrataciones permitiría traducir los impuestos en obras, medicamentos, infraestructura, educación y otros servicios en menor tiempo.
Hasta el momento la iniciativa permanece en análisis en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, donde los diputados prevén desarrollar una discusión técnica antes de emitir el dictamen correspondiente, según lo indicó el diputado Palencia.
Asimismo afirmó que el objetivo es construir una propuesta con suficiente respaldo técnico y político para que posteriormente pueda ser conocida y discutida por el Pleno del Congreso.
Transformación del sistema de Compras
La iniciativa que busca crear una nueva Ley de Contrataciones Públicas abre la puerta a una transformación del sistema de compras del Estado, un cambio que, según el investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Erick Coyoy, ya era necesario debido a que la legislación vigente quedó rezagada frente a las necesidades actuales del sector público.
El analista explicó que la Ley de Contrataciones del Estado fue aprobada en 1992 y, aunque ha recibido varias reformas a lo largo de los años, estas han sido parciales y no han modificado el funcionamiento del sistema de manera integral.
Coyoy señaló que uno de los principales retos es que actualmente las modalidades de contratación se definen únicamente por el monto de la compra.
También señaló que este modelo ya no responde a la realidad del país, pues no es lo mismo adquirir medicamentos para un hospital que contratar una obra de infraestructura y considera que cada tipo de compra debería contar con procedimientos acordes con sus características.
El principal desafío
Coyoy indicó que Guatemala necesita actualizar su modelo de compras públicas y alinearlo con las tendencias que ya han adoptado otros países de la región.
Sin embargo, enfatizó que se trata de una reforma compleja que requerirá un análisis técnico del Congreso, pues implica cambiar por completo la forma en que actualmente se realizan las contrataciones públicas.
Además consideró oportuna la incorporación de herramientas de tecnología y explicó que esto permitiría realizar estudios de mercado más completos para comparar precios, calidades y proveedores antes de realizar una compra y esto ayudaría a contar con información más objetiva para la toma de decisiones.
Asimismo, señaló que actualmente existen modalidades, como la compra directa, en las que no siempre se verifica si los precios contratados corresponden a las condiciones reales del mercado que deja un margen de discrecionalidad.
Avance en el Congreso
Según Coyoy, aunque la reforma es necesaria esta propuesta aún necesita una discusión técnica más amplia para explicar los cambios que plantea el nuevo modelo de contrataciones y generar consensos entre los distintos sectores involucrados.
También señaló que el inicio del período preelectoral podría dificultar que el Congreso priorice una iniciativa de este alcance.
