La mesa de trabajo revisó cada propuesta de enmienda para incluirla en el proyecto de ley.
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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso autorizó las 32 enmiendas propuestas al proyecto de la Ley General del Sistema Portuario Nacional.
Con esto continuará el trámite legislativo de la normativa que busca regular el funcionamiento y desarrollo del sistema portuario del país.
Durante una reunión de trabajo híbrida, los integrantes de la comisión analizaron y consensuaron las modificaciones presentadas a las iniciativas de ley 6541 y 6527.
Las iniciativas fueron unificadas para conformar el proyecto de la Ley General del Sistema Portuario Nacional.
La mesa de trabajo revisó cada una de las enmiendas con el propósito de fortalecer el marco legal que regirá la administración, operación y desarrollo de los puertos guatemaltecos.
El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior Jorge Ayala, informó que las 32 enmiendas fueron autorizadas debido a que no se presentaron objeciones dentro del plazo establecido.
En consecuencia, se dio luz verde para la impresión del proyecto de ley, requisito previo para continuar con su trámite en el Congreso.
Como siguiente paso, el documento será trasladado a la Instancia de Jefes de Bloques, donde se definirá su incorporación a la agenda legislativa para su discusión en las próximas semanas, antes de que pueda ser conocido y debatido por el Pleno del Congreso.
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Durante la misma reunión, los diputados también continuaron con el estudio de la iniciativa 6347, que contiene la propuesta de Ley de Ciberseguridad.
En esta ocasión, el análisis se enfocó en el capítulo relacionado con los ciberdelitos, con el objetivo de establecer un marco jurídico que permita la investigación, persecución y sanción de este tipo de delitos, en respuesta al incremento de amenazas y ataques informáticos que enfrenta el país.
Con estos avances, la Comisión de Economía mantiene el impulso a dos iniciativas que buscan fortalecer tanto la infraestructura logística nacional mediante una nueva legislación portuaria como la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos en materia de ciberseguridad.
