Ley que impulsa el Gobierno "abre la puerta a la corrupción", dice el Cacif

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El sector privado se opone a la iniciativa de ley con la cual el Gobierno busca agilizar la ejecución presupuestaria mediante compras directas.

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La iniciativa de ley 6576, que plantea liberar de trámites las contrataciones que haga el Gobierno durante tres años, sigue generando críticas, por presuntamente incentivar la corrupción.

El sector privado, aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se pronunció sobre el tema y opinó que "la opacidad y la eliminación de controles no son la vía para resolver" la baja ejecución del presupuesto que se ha evidenciado "por segundo año consecutivo".

Mediante un comunicado, la entidad indicó que "esta propuesta es contraria a los principios de transparencia, abre espacios a la arbitrariedad y puede generar incentivos que profundicen la corrupción y el clientelismo, en detrimento del interés nacional".

Igual que lo han hecho otros sectores, el Cacif cuestionó que se pretenda autorizar a ministerios, municipalidades y consejos de desarrollo hacer compras sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

También hizo ver que "la clave para ejecutar los fondos asignados está en asegurar la calidad del gasto, de manera eficiente y transparente". En ese marco, resaltó la importancia de "contar con personal calificado que planifique, implemente y ejecute la obra pública cumpliendo los procedimientos y plazos establecidos"

Hacen llamado al Congreso

En la misma línea se pronunció la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) y añadió que el proyecto en mención "debilita la transparencia y compromete la inversión pública".

Tanto esa entidad como el Cacif exhortaron al Congreso a "a retomar la reforma al servicio civil para profesionalizar la gestión estatal y reducir la dependencia de medidas discrecionales que afectan la institucionalidad".

Además, Camagro remarcó que "el presupuesto 2026 debe ajustarse a la capacidad real de ejecución" del Gobierno.

"Pagos exprés"

La citada iniciativa de ley está en el Congreso desde el pasado 14 de julio, pero se supo de su existencia hace apenas unos días, ya que su presentación no se hizo de manera pública, como sí ha ocurrido con otros proyectos.

Entre los aspectos que han sido criticados por diputados de distintas bancadas figura que se busque autorizar el 90 % del gasto público sin procesos de licitación, igual que en un estado de calamidad pública, solo que este duraría tres años.

Estos son los aspectos más relevantes de la propuesta:

Entre los aspectos más relevantes que contiene figuran los siguientes:

• Declara de urgencia nacional las inversiones en temas de carreteras, salud, educación y proyectos de desarrollo urbano y rural, entre otros.

• Faculta la contratación directa o por cotización, sin obligación de realizar licitación pública, en varias instituciones, incluida la mayoría de ministerios.

• Autoriza la suscripción de convenios de cooperación técnica y ejecución de obras con entes internacionales.

• Establece un plazo de cinco días hábiles para resolver trámites, como licencias, permisos y dictámenes, con prioridad para los consejos de desarrollo.

• Autoriza compras directas por montos de hasta Q200 mil.

• Fija en Q2 millones el monto máximo para las adquisiciones que se podrían hacer sin autorización superior.

• Crea un fondo especial a donde llegarían los recursos destinados a las obras, el cual sería administrado por el Crédito Hipotecario Nacional.

• Establece una duración de tres años para la aplicación de la normativa, pero con la posibilidad de que haya prórroga.

Pese a las críticas, los diputados oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala han defendido el proyecto de ley, destacando que la Ley de Contrataciones y otros "temas burocráticos" han frenado la ejecución presupuestaria este año.