Centro señala que así como se aprobó el presupuesto del próximo año, se debilitó su transparencia.
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El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió sobre preocupaciones técnicas, legales y de transparencia en la aprobación del Decreto 27-2025, que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por el Congreso de la República.
De acuerdo con el CIEN el proceso legislativo se caracterizó por deficiencias técnicas y legales, así como por una aprobación acelerada que limitó la discusión y el análisis de fondo.
Señaló que se trató de un procedimiento poco transparente y realizado de manera exprés, lo que impidió una deliberación profunda sobre las modificaciones introducidas al proyecto original presentado por el Organismo Ejecutivo.
El análisis fue presentado en el marco del programa Alerta Presupuesto, mediante el cual el CIEN busca advertir al debate público sobre aspectos críticos del Presupuesto General.
El estudio estuvo a cargo del experto en temas presupuestarios Jorge Lavarreda, quien indicó que "preocupa sobremanera que el Presupuesto 2026 haya sido aprobado de urgencia nacional en una sola sesión nocturna y evitando el proceso regular de tres lecturas".
"El hecho que el dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda haya sido presentado con sólo cinco días de antelación al cierre del plazo constitucional también impidió un análisis profundo de cada artículo modificado, y estas acciones, en su conjunto, debilitaron la legitimidad y transparencia del proceso legislativo", señaló Lavarreda.
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En cuanto a los ingresos, el especialista indicó que los cambios fueron limitados, pero, advirtió que "no se siguió la recomendación del CIEN de corregir los Q 7,197 millones que se asignaron como otros impuestos directos e indirectos, distribuyéndolos en impuestos específicos para mayor transparencia".
Respecto al gasto público, Lavarreda señaló que el Congreso introdujo modificaciones sustanciales al decreto, pues "la categoría de gasto sí fue modificada por el Congreso considerablemente, reescribiendo 26 artículos, eliminando cuatro y agregando 27 disposiciones nuevas, las cuales no cuentan con estudios técnicos previos ni planificación adecuada".
Añadió que esta situación obliga a las instituciones del Estado a realizar ajustes internos, lo que "debilita la calidad del gasto y resta coherencia a las prioridades de Gobierno".
Uno de los puntos que más preocupa al CIEN es la asignación extraordinaria a los Consejos Departamentales de Desarrollo.
El experto puntualizó que "la asignación extraordinaria de Q6,312.1 millones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) resulta una cifra sin lógica ni distribución basada en análisis técnicos".
El CIEN también formuló una serie de recomendaciones orientadas a corregir las debilidades detectadas.
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Lavarreda puntualizó que "se debe fortalecer el papel técnico de la Comisión de Finanzas del Congreso, mejorar el proceso legislativo y evitar que se legisle en contra de otras leyes vigentes".
Destacó que se debería eliminar el aporte extraordinario a los Codedes o corregir su distribución, también se debe evitar nuevas asignaciones que no cuenten con respaldo técnico ni legal y adoptar un modelo de presupuesto basado en resultados, con metas claras y seguimiento transparente del gasto público.
