Los datos muestran que los proyectos están distribuidos en 17 departamentos del país y son para la construcción de infraestructura.
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El Organismo Ejecutivo, mediante tres ministerios y cinco unidades ejecutoras y por órdenes del Congreso de la República, tendrá que priorizar 64 proyectos de preinversión e inversión que suman Q 781.5 millones.
El Decreto 27-2025 que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026 en su artículo 121 señala que "a efecto de promover la preinversión e inversión en infraestructura de los presupuestos de distintas entidades", se efectuarán una serie de modificaciones presupuestarias para incorporar y viabilizar la ejecución de 64 proyectos.
Entre los proyectos están construcción de carreteras, pasos a desnivel, mejoramiento de mercados, la construcción de un hospital y el desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas pluviales o negras con montos que van desde Q 1 millón hasta los Q 60 millones por los proyectos.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en la cartera que tiene más proyectos asignados con 51, pero tiene tres unidades ejecutoras, la primera es la Dirección General de Caminos (DGC) que tiene 30 proyectos que suman Q 455 millones, que se dividen en Q 49 millones en montos de preinversión y Q 406 millones en montos de inversión para 2026.
La segunda unidad ejecutora del CIV es Fondo Social de Solidaridad (FSS) que tiene 20 proyectos que suman Q 193 millones, que se dividen en Q 38 millones de preinversión y Q 155 millones de inversión.
La tercera unidad ejecutora es la Unidad de Construcciones de Edificios del Estado (UCEE) que tiene a su cargo un único proyecto que es la ampliación del Hospital Nacional de Chimaltenango, que tiene Q 1 millón de preinversión y Q 12 millones para inversión.
La segunda cartera es el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que tiene como unidad ejecutora al Fondo de Desarrollo Social (Fodes) con 12 proyectos que suman Q 90.5 millones, que se dividen en Q 18.5 millones en preinversión y Q 72 millones en inversión.
Por último, se encuentra el Ministerio de Gobernación (Mingob), que a través de la Policía Nacional Civil (PNC) tiene un único proyecto que es el de la construcción del Hospital General de la PNC que se ubicará en la zona 6 capitalina y tiene asignado Q 2 millones de preinversión y Q 30 millones de inversión.
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Para garantizar su ejecución el Organismo Legislativo también dispuso que las instituciones que tienen asignados los proyectos "podrán contratar la preinversión en la modalidad de adquisición por excepción" conforme lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y que no fija un límite de monto a contratar.
Asimismo, los congresistas estipularon que de conformidad con la referida ley, los proyectos podrán ser contratados en la modalidad de diseño y construcción o la modalidad de diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha.
Los más costosos
Tres de los cuatro proyectos con más presupuesto asignado pertenecen al CIV, uno es el mejoramiento del camino rural que del caserío Santa Isabel conduce al caserío Actela, en San Luis, Petén, el cual tiene asignado Q 26.5 millones, divido en Q 1.5 millones en proyectos de inversión y Q 25 millones en inversión.
Sigue la construcción del Hospital General de la PNC, que suma Q 32 millones, que son Q 2 millones en preinversión y los otros Q 30 millones en inversión.
El segundo proyecto más caro está a cargo del FSS y se trata del mejoramiento del camino de la aldea La Unión, Raxruhá, Alta Verapaz a Santa Isabel, Sayaxché, Petén, que tiene asignado en total Q 53 millones, separados en Q 3 millones de preinversión y Q 50 millones de inversión.
Mientras que el proyecto más caro registrado es el mejoramiento de la carretera entre Iztapa, Escuintla y Hawái Chapetón, Chiquimulilla, Santa Rosa, que tiene un presupuesto de Q60 millones, en su totalidad para inversión.
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Los datos muestran que hay otros seis proyectos con montos que van desde los Q 21 millones a los Q 26 millones cuyos presupuestos de preinversión e inversión están planificados para la construcción de un paso a desnivel en El Progreso y la ampliación y mejoramiento de cuatro carreteas ubicadas en Retalhuleu, Alta Verapaz y Suchitepéquez.
Según el presupuesto, los montos de los proyectos "se refieren a la asignación para el periodo fiscal 2026 y no al precio de las adquisiciones"
Eso significa que los montos son solamente referenciales de costos probables y, por tanto, sirven únicamente como dato para fijar montos de asignaciones presupuestarias, por lo que se usarán como pauta o guía que sirven en el proceso presupuestario por lo que "en ejecución y adquisición puede presentar variaciones de acuerdo al comportamiento económico nacional e internacional".
Por esa razón, el Congreso facultó al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para que "de las economías presupuestarias que surjan durante la ejecución de los proyectos puedan trasladarse entre los proyectos de la misma institución a efecto de cubrir eventuales necesidades financieras".
Crítica y defensa
Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), explicó que entiende que estos proyectos sean importante, pero "el problema es que muchos de estos proyectos no tienen, no han, muchas veces no han concluido su proceso de planificación".
"Algunos tienen su número del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) otros no, eso es parte del problema, en los mismos ministerios se crean bolsones de proyectos que no existen, a lo mejor algunos de estos proyectos si existen, incluso por lo visto algunos están empezados, pero no están concluidos", explicó Lee.
El experto señal que lo más preocupante es que estos proyectos creen "un gran bolsón", y señaló como ejemplo que en el presupuesto del próximo año también se autorizó al Ministerio de Educación y al de Salud para que "se dejan fondos para posibles escuelas o posibles centros de salud".
"Entonces es igual acá, uno mira que se dejan proyectos financiados por montos, que tal vez puede ser más, que tal vez puede ser menos, porque no se sabe exactamente, y el mismo artículo lo dice, que de una obra se le puede dar a otros del mismo listado", aseveró Lee.
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Agregó que otro problema que tienen este tipo de proyectos es que "no se completa el proceso de planificación y entonces se asigna fondos a ideas de proyectos, de los cuales no están claros los costos".
Lee preció que para que un proyecto sea beneficioso se tiene que tener calor no solo el costo, sino a qué población se beneficia, por lo que parte del problema "es una ejecución que no responde a una planificación, sino que responde a intereses políticos".
Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República informó que el artículo 121 tiene un objetivo puntual "permitir readecuaciones para que proyectos priorizados en los territorios puedan iniciar su fase técnica sin generar compromisos prematuros de ejecución".
El legislador explicó que "varios de estos proyectos ya habían sido priorizados por distritos y municipalidades en 2025, pero no lograron avanzar por falta de tiempo o por no contar aún con estudios de preinversión".
Por lo cual el presupuesto les "permite darles continuidad en 2026, respetando el trabajo previo de planificación territorial".
Estrada añadió que la selección de los proyectos se construye sobre "requerimientos planteados por distritos, comunidades y mancomunidades, las peticiones que fueron dirigidas expresamente a la Comisión o trasladadas por diputados que representan esas demandas territoriales y un diálogo activo dentro de la Comisión de Finanzas, donde se buscó el mayor equilibrio posible entre miembros de diferentes partidos políticos".
"Es un proceso que combina criterios técnicos con una búsqueda de balance territorial y político responsable", puntualizó el congresista.
Agregó que "es fundamental reiterar que no existe contratación, no hay obras adjudicadas y no hay proveedores definidos".
Basado en lo anterior, el congresista concluyó en que los proyectos requieren "estudios de preinversión, determinación técnica de costos reales, procesos de contratación competitiva y utilizar el espacio presupuestario solo si el proyecto avanza a la etapa que corresponde".
