Analistas políticos y expertos coinciden en que las recientes acciones del Ministerio Público (MP) y del Juez Fredy Orellana son la "apuesta final" para lograr el desconocimiento de los funcionarios electos de Movimiento Semilla, lo que aumenta la crisis política en Guatemala. Pese a que el presidente Bernardo Arévalo solicitó el apoyo de la Comunidad Internacional (incluyendo la OEA), los expertos señalan que su incidencia es meramente simbólica y no vinculante, lo que garantiza meses de inestabilidad política y alta preocupación para el sistema democrático del país.
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Analistas políticos coinciden en que detrás de las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) y el Juzgado Séptimo de Penal Instancia Penal están intentar acabar con lo que se comenzó en 2023: expulsar a los funcionarios electos del poder.
Los expertos coinciden en que, si bien la comunidad internacional puede poner los ojos en el país y pronunciarse al respecto, su incidencia es meramente simbólica y no representa una verdadera presión que pueda incidir en la situación que atraviesa el Guatemala.
Y al momento de analizar una salida para la crisis que vive el Gobierno, las posturas son heterogéneas pues consideran que se deben hacer varias cosas para intentar superarla, pero si coinciden en que los próximos meses serán de inestabilidad política.
La nueva crisis
El politólogo Renzo Rosal, considera que esta nueva crisis que comenzó con la acción del juez Fredy Orellana y escaló con las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo y que esto representa "un alto riesgo para el país".
"A pesar de que ya pasaron dos años de las elecciones, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó los resultados y que hubo una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que subraya lo anterior. El juez Fredy Orellana, hace de oídos sordos e insiste con echar por la borda todo lo actuado", indicó Rosal.
Para el experto, esas actuaciones "son de alta preocupación" pues detonan una nueva crisis política y a su juicio el juez no está actuando solo, sino está respaldado.
Rubén Hidalgo, director general del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), explica que sucedido es "una apuesta final para alcanzar el objetivo que fue trazado desde el momento en que se dio a conocer que el Partido Movimiento Semilla había superado el proceso electoral".
"El objetivo en aquel momento fue buscar desconocer al partido, deslegitimar el proceso electoral, fundamentalmente truncar el ascenso del presidente y de sus diputados. Ese objetivo que fue trazado por actores oscuros en la política guatemalteca, son expresiones de diferentes intereses", señaló Hidalgo.
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Agrega que para nadie es un secreto que esas intentonas de desconocer a los funcionarios que resultaron electos han sido orquestadas por el MP, que además ha buscado el debilitamiento permanente del Gobierno.
"Por medio de una resolución judicial buscan el desconocimiento total y absoluto de las figuras resultantes a puestos de cargo público, producto de la elección y ¿por qué la gran apuesta final? Porque el tiempo se acaba", agregó Hidalgo.
Mientras que el experto en temas políticos Marco Antonio Barahona, también afirmó que "desde las sombras hay un poder oculto que tratan de desestabilizar este Gobierno y no acepta que estas personas hayan llegado al poder".
Explico que la forma en que tratan de desprestigiar al Gobierno de turno es señalando de ser antisistema y lo acusan de "abrir espacios a sectores que no habían tenido lugar para expresarse como pueblos indígenas, mujeres y jóvenes" lo cual sí es en contra de lo que se ha tenido tradicionalmente.
"Creo que el MP no ha cesado de atacar al sistema democrático, institucional, por medio de diversas denuncias y aprovecha todo espacio para seguir socavando las bases de este frágil sistema", apunto Barahona.
Coincidió al decir que esta reacción puede deberse a que estos sectores "ven que el tiempo se les acaba porque el próximo año el Gobierno intervendrá, como está estipulado en ley y la Constitución, en la elección de magistrados de la CC, TSE, fiscal general del MP y contralor General de Cuentas".
Poca incidencia de la comunidad internacional
Los analistas también se pronunciaron sobre la acción del presidente Arévalo de pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional que estén atentos a lo que pasa en el país.
Rosal considera que los organismos internacionales se podrán pronunciar, incluso recordó que la OEA ya lo hizo, pero "eso es todo en una tonalidad diplomática" porque "lo más que llegará a tener es una incidencia simbólica, lejana".
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"Me parece que la incidencia es muy limitada, porque a lo que más harán es enviar una delegación o varias delegaciones a emitir un comunicado y mensajes, ponerlos en tela de juicio, pero eso no tiene trascendencia nacional", afirmó el experto.
Rosal agregó que al hacer la comparación de mover un árbol, como era la intención inicial; lo que hizo el presidente, al llamar a la comunidad internaciona,l no es más que "mover unas ramitas".
Hidalgo destacó que Guatemala, y especialmente el Ejecutivo, desde el inicio de esta crisis político electoral ha contado con el apoyo de la cooperación internacional, de los países, del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas y de la OEA.
"Los apoyos y demandas por respetar el Estado de Derecho y el ejercicio ciudadano en los procesos electorales le ha acompañado al presidente desde siempre. Pero todos esos instrumentos son solo simbolismo", acotó el experto.
Hidalgo agregó que, si bien las acciones del presidente "son importantes en el concierto de las naciones democráticas", esto "no va a representar mucho" ya que todo el sistema de la cooperación internacional también está en crisis.
Barahona agregó que lo que hizo el presidente es "una manera de llamar la atención de indirectamente del gobierno estadounidense y de la Unión Europea para que redoblen su vigilancia sobre el proceso político guatemalteco".
"Sin embargo, esto es relativo, pues no es mucho el poder real que la OEA pueda tener, pero en todo caso el hecho que se debata en el marco de la Carta Democrática Interamericana podría provocar interés", explicó el politólogo.
Barahona considera que esto se hizo porque el Gobierno tiene un clima apático en el país, ya que duda que si hay un llamado a manifestar tenga eco por lo cual lo que busca en realidad es "reforzar ese apoyo internacional que tiene".
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Sin una sola salida
Los analistas registraron opiniones diversas a la pregunta de si hay una salida a la crisis política que está viviendo el Gobierno en este momento.
Rosal señaló que el mandatario hizo bien al redirigir el problema a otras instancias como la CC y utilizó favorablemente le hecho que varios abogados hayan accionado ya ante la corte.
"La Corte tiene que ser absolutamente coherente con la propia resolución de diciembre de 2023. Lo que se le pidió es simplemente bajar las tensiones, no solucionar el tema", aseguró el experto.
Para Rosal la solución definitiva es que exista un cambio en mayo del próximo año en la jefatura del MP, algo que para él aún está en entredicho, pero lo cierto es que "en los próximos meses seguirán existiendo crisis".
Hidalgo agregó que no hay una sola forma de salir de la crisis actual y que las autoridades deben apostar por "salvar el sistema político, la gobernabilidad y tratar de hacer que prevalezca el Estado de Derecho".
"Los daños que ha sufrido institucionalmente a la democracia son fuertes y hacen necesario pensar que Guatemala debe de entrar a un tiempo de reflexión y de conversación profunda entre actores para determinar cómo fortalecerse institucionalmente", puntualizó el politólogo.
Insistió que la salida a la crisis no es unidireccional y que contacto el Gobierno debe "buscar la forma de construir, recuperar y fortalecer las instituciones que actualmente gozan de muy poca credibilidad en Guatemala".
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Para Barahona la forma en que se acabe la crisis es que cese el hostigamiento sin fundamento del MP que a su juicio se sobrepasó su límite legal de perseguir el crimen.
"Se volvió un agente político que cuestiona la legitimidad de las autoridades y de las instituciones en general. El problema también es que tenemos un Congreso muy fragmentado", puntualizó el experto.
Barahona también dijo que con este escenario lo que se prevé es que a corto plazo "el país vivirá meses inestabilidad y de incertidumbre".
