Canciller da a conocer en la OEA que se planteará un proyecto de declaración para que otros países reafirmen su compromiso con la preservación del orden constitucional y democrático en Guatemala.
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Carlos Ramiro Martínez, canciller de Guatemala expuso ante la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se presentará un proyecto de declaración que tiene por objetivo que los países miembros reafirmen "el compromiso de los estados con la preservación del ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala".
"El texto será compartido oportunamente con las delegaciones e invitamos a los estados miembros a sumar su respaldo con miras a su adopción en la próxima sesión ordinaria de este consejo programada para el 5 de noviembre del presente año", afirmó el ministro.
Denuncia amenazas
Durante su discurso, Martínez manifestó que existe preocupación por parte del Gobierno de Guatemala por el "deterioro del orden constitucional y un intento de revertir los resultados de las elecciones generales de 2023".
Señaló que diversas acciones emprendidas por operadores del sistema de justicia ponen en riesgo la estabilidad institucional y la continuidad democrática en el país.
Además, aseguró que las recientes resoluciones judiciales han buscado desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y destituir autoridades electas, incluyendo al propio presidente y la vicepresidenta.
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"El Gobierno de Guatemala manifiesta su profunda preocupación ante las resoluciones dictadas el 24 de octubre del 2025 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, mediante las cuales se pretendió declarar la supuesta nulidad absoluta, entre comillas, de la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pese a que el proceso electoral del 2023 fue legalmente concluido y oficializado", indicó Martínez.
Subrayó que, aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró improcedentes tales actuaciones, estas continúan reflejando un patrón de abuso de poder judicial, con el propósito de crear una crisis política y debilitar al Ejecutivo.
El canciller destacó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reafirmado la validez y legalidad del proceso electoral de 2023, el cual fue ratificado y concluido conforme a la ley.
No obstante, advirtió que persisten intentos de manipular el sistema judicial para deslegitimar al actual Gobierno, en lo que describió como una forma de persecución política contra funcionarios, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales.
Señalan actuar del MP
El representante guatemalteco expresó su inquietud por las acciones del Ministerio Público (MP), que mantiene abiertas investigaciones contra el Gobierno sin avances significativos en las denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la administración anterior, según argumentó.
"El MP de Consuelo Porras mantiene abiertas 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en ministerios del Gobierno del presidente —Bernardo— Arévalo. Sin embargo, esa misma institución no ha mostrado avances en los más de 300 denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la Administración anterior", declaró el ministro.
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Aseguró que "esta contradicción pone en tela de juicio el papel del MP, que actúa con sesgo político y utiliza su poder con el fin de desgastar a la actual administración", y agregó que se usa el uso del derecho penal como arma política constituye un intento de "golpe de Estado técnico", amparado bajo una aparente legalidad.
Denunció el uso del lawfare —la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos— como una práctica que amenaza la democracia y la separación de poderes en Guatemala.
Agradece apoyo internacional
El canciller agradeció el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, que han impuesto sanciones a funcionarios y jueces señalados de promover la impunidad.
Asimismo, valoró el acompañamiento constante de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han advertido sobre la manipulación judicial y los intentos por revertir los resultados electorales.
Martínez recordó que Guatemala solicitó a la OEA una misión especial para acompañar los procesos de elección de altas autoridades en 2026, incluyendo magistrados del TSE, CC y del MP.
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