EPQ y APM Terminals suscribieron dos contratos que pretenden mejorar la logística del comercio guatemalteco.
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Representantes de APM Terminals dieron a conocer detalles sobre la firma de dos contratos con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para el arrendamiento y prestación de servicios marítimo portuarios bajo el régimen de gestión indirecta con una inversión de US$8 millones.
La directora Legal y de Relaciones Interinstitucionales de APM Terminals, Carla Ramírez, afirmó que dicha firma proporciona certeza jurídica para la inversión que hará posible aumentar la capacidad operativa, mantener la eficiencia del puerto y responder de una mejor manera a la creciente demanda del comercio exterior.
Durante su intervención en la conferencia de prensa denominada La Ronda, Ramírez afirmó que la inversión está destinada a la ampliación del patio de contenedores y a la adquisición de equipo portuario especializado.
"Sin embargo, somos conscientes que se necesita mayor inversión y estamos en la disposición de realizarla cuando las condiciones contractuales lo permitan", aseguró.
Agregó que Guatemala necesita avanzar y no se puede seguir postergando las inversiones estratégicas que la infraestructura portuaria requiere.
"APM Terminals ha sido y seguirá siendo un aliado estratégico para el país. Nuestro compromiso no es solo con la operación de la terminal, sino con el desarrollo logístico social, la atracción de inversión y la generación de soluciones que fortalezcan la competitividad de Guatemala en el comercio global", apuntó la directora.
Hay certeza jurídica
José Lemus, presidente de la junta directiva de EPQ, indicó que el año pasado la situación del puerto "lucía caótica", a raíz de la nulidad del contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal.
Sin embargo, cuando recibieron el amparo que obligaba al Gobierno a encontrar una solución se pusieron a trabajar para evitar el colapso del puerto y ayudar a los usuarios.
Agregó que para abordar el problema de la legalidad y la jurisdicción con la que debía de actuar se enfocaron en la Ley de Puerto Quetzal y sus reglamentos y bajo el paraguas de todo el marco de la ley que busca garantizar el bien común.
"Con estos dos grandes elementos, encontramos en conjunto con APM Terminals que el modelo adecuado para funcionar, rompiendo esta parte de la nulidad, también era el modelo de gestión indirecta que contempla la reglamentación interna de Puerto Quetzal", afirmó Lemus.
Rita Castejón, procuradora General de la Nación en funciones, afirmó que el fortalecimiento del comercio exterior requiere garantizar la eficiencia, continuidad e integralidad de las operaciones en el Puerto Quetzal en apego a los principios de legalidad y transparencia.
Agregó que la certeza jurídica es base del estado de derecho y se construye cumpliendo con la ley y que solo así es posible avanzar hacia el desarrollo del país.
