Un nuevo estadio multifuncional, un hotel, un estacionamiento y un centro comercial. Según lo previsto, el Estadio del Ejército pretendía renovar su imagen y convertirse en uno de los centros de referencia en la región.
Sin embargo, después de que el megaproyecto se volviera mediático, desde la Contraloría, su titular Carlos Mencos manifestó que no se estaba siguiendo el proceso adecuado y amenazó con tomar acciones en caso de no frenarlo.
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Es por ello que las partes implicadas, el Instituto de Previsión Militar (IPM) y la empresa de complejos deportivos Grupo Futeca, acordaron rescindir los contratos vigentes antes de que Mencos se acercara ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que declarara lesivo el contrato.
"Las presiones del Contralor han sido muy fuertes y no entendemos por qué. Tampoco queremos ir a contracorriente", explicó el presidente de la compañía, Javier Arzú.
El empresario, que actualmente se encuentra de viaje en EE.UU. hasta la primera semana de julio, detalló que espera reunirse con Mencos a su regreso para conocer las sugerencias que este les da con el objeto de retomar el proyecto.
En la actualidad, aún está vigente el contrato de prefactibilidad en el que, según Arzú, llevan invertido bastante tiempo y dinero, aunque no supo especificar cuánto.
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"Al cancelar un contrato también se anula el de la segunda fase de licencias y construcción", señaló.
Desde Soy502 también hemos tratado de ponernos en contacto con IPM quienes nos han planteado que están en la mejor disposición de ofrecer información, sin embargo exigieron la solicitud por información pública.
El proyecto
Arzú continúa defendiendo que Guatemala se está perdiendo una oportunidad con la anulación de este proyecto. La idea era construir un estadio cubierto con capacidad para 12 mil espectadores.
El complejo incluye un hotel para 50 personas, un área comercial y un estacionamiento con capacidad para 2 mil 400 vehículos.

Si se plantea abrir un nuevo proceso de licitación, Arzú está convencido de que se volverían a presentar. No obstante, el empresario afectado defiende que el proceso se realizó de forma correcta. "IPM invitó a varias empresas a participar en el proceso de planificación y diseño", detalló.
Según Arzú, la entidad militar no está obligado a abrir un proceso de licitación por ser un ente autónomo.
La polémica
El caso saltó a primera plana después que se publicara una información acerca de la posible venta del estadio.
Por su parte, el IPM negó la información y aclaró que el Ejército no está dispuesto a vender ni ese ni otro inmueble de su propiedad.




