Autoridades aceptan una ampliación de los plazos para que más proyectos puedan pasar a la categoría de aprobados.
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La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) informó ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) que 3,115 proyectos de inversión pública registrados para el ejercicio fiscal 2026 están no están aprobados.
Lo anterior se debe a que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) aún están pendientes de cumplir varios requisitos técnicos y administrativos.
Durante la sesión ordinaria del Conadur, celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, la Secretaría presentó una actualización del estado de los proyectos inscritos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) con información al 22 de junio.
De acuerdo con los datos expuestos por el subsecretario de Inversión para el Desarrollo Enrique Maldonado, existen 10,932 proyectos registrados que representan una inversión superior a los Q 10,067.4 millones.
De ese total, 5,450 proyectos ya cuentan con aprobación, equivalente a Q 6,750.5 millones, mientras que 3,115 permanecen con requisitos pendientes.
Maldonado explicó que los proyectos aprobados representan el 49.9 % del total de la cartera registrada, porcentaje que refleja una mejora respecto a la última reunión del Preconadur realizada el 29 de abril.
En esa ocasión se reportaban 9,946 proyectos y 4,662 aprobados y según Segeplan, en los últimos dos meses la cantidad total de proyectos aumentó 9.9 %, mientras que los proyectos aprobados crecieron en 788 expedientes, elevando la tasa de aprobación en 3 %.
Asimismo, el monto total de la cartera de inversión se incrementó en Q 1,420.3 millones, equivalente a un crecimiento de 16.4 %.
El funcionario destacó que existen diferencias significativas entre departamentos en cuanto al avance de aprobación de proyectos. Por ejemplo, Jutiapa presenta una tasa de aprobación inferior al 30 %, mientras que El Progreso alcanza solo el 34 %.
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En contraste, resaltó el desempeño de Alta Verapaz, en donde el 72 % de los proyectos ya se encuentran aprobados, así como los avances registrados en Quiché, Escuintla y Petén, que superan el 60 % de aprobación.
Según Maldonado, estos resultados evidencian los lugares que deben concentrar los esfuerzos institucionales para agilizar los procesos y aumentar la ejecución de la inversión pública.
De acuerdo con la información presentada, Alta Verapaz lidera en proyectos aprobados con 397 expedientes, seguida por Quiché con 533, San Marcos con 460 y Petén con 348.
En contraste, Jutiapa acumula 329 proyectos con requisitos pendientes, la cifra más alta del país, seguida de Chimaltenango con 241 y Guatemala con 198.
La presentación también mostró que la mayor parte de la inversión pública continúa concentrada en infraestructura vial y servicios básicos.
Del total de proyectos aprobados, 2,835 corresponden a la función de transporte, principalmente caminos rurales.
Le siguen los proyectos de agua y saneamiento con 1,221 expedientes y los de educación con 1,099. En menor proporción figuran salud y asistencia social con 228 proyectos, así como iniciativas de desarrollo urbano, medio ambiente, cultura y deporte.
Respecto a los obstáculos que impiden la aprobación de miles de proyectos, Segeplan detalló que 2,969 expedientes aún carecen del aval de impacto ambiental, mientras que 2,963 no cuentan con el aval del ente rector correspondiente.
Además, 1,461 proyectos tienen pendiente acreditar el derecho de propiedad del terreno donde se ejecutarán las obras; 948 aún no presentan la opinión relacionada con atención a personas con discapacidad y 376 carecen de la aplicación de la herramienta de análisis y gestión de riesgo.
Ante esta situación, el secretario de Segeplan, Carlos Mendoza, solicitó al pleno del Conadur aprobar una ampliación de los plazos establecidos para que los Codedes y las municipalidades puedan completar los requisitos pendientes y lograr que más proyectos alcancen el estado de aprobación.
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La propuesta planteó extender hasta el 30 de agosto el plazo para la emisión de opiniones técnicas dentro del SNIP y fijar el 31 de julio como fecha límite para que los expedientes solventen observaciones y recomendaciones ante las delegaciones departamentales.
Asimismo, se propuso ampliar hasta el 30 de septiembre el período para que los Codedes suscriban convenios de ejecución con las unidades ejecutoras que hayan alcanzado la condición de proyectos aprobados.
Mendoza también solicitó que el Conadur exhortara a los distintos entes rectores a agilizar la emisión de avales, dictámenes y resoluciones necesarias para completar los expedientes.
La propuesta fue sometida a consideración del pleno y recibió la aprobación de los integrantes del Consejo, por lo tanto, las nuevas disposiciones entrarán en vigencia de forma inmediata.
