Entre críticas, oficialistas defienden iniciativa que permitiría compras directas durante tres años.
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La iniciativa de ley de agilización de la inversión pública, presentada recientemente por diputados oficialistas, sigue sumando críticas. Así se evidenció en la sesión plenaria que el Congreso pretendía celebrar este martes 29 de julio.
El presidente de la Comisión de Finanzas de ese organismo, Julio Héctor Estrada, reiteró su desacuerdo con la propuesta mediante la cual se permitiría al Gobierno hacer compras y contrataciones directas durante tres años, que podrían prorrogarse.
El legislador señaló a los miembros del oficialismo de presentar el proyecto en "la oscuridad y con poco ruido", contrario a lo que ya ocurrido con otras iniciativas, para las cuales se han convocado conferencias de prensa. A su criterio, esto se debe a que el Ejecutivo buscaría contar con un "cheque en blanco" para lograr la ejecución de diversas obras, sin aplicar los controles que norma la legislación vigente.
"Esto equivale a dar un estado de calamidad por tres años", dijo, y añadió que, según lo planteado en la propuesta, el 90 % del gasto público se podría ejecutar sin procesos de licitación.
"Falta de capacidad"
José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), también criticó la propuesta que favorecería al Gobierno y a los consejos de desarrollo, al eliminar los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
No obstante, primero se refirió al papel que jugó la Comisión de Finanzas, dirigida por Estrada, al dictaminar el presupuesto con el que cuenta actualmente la administración de Bernardo Arévalo y cuya ejecución no alcanza el 50%.
A decir de Chic, "el cheque en blanco" se dio desde que se aprobó el techo de gastos vigente, a pesar de que "no ha habido capacidad de los ministros y los 22 gobernadores" para agilizar la inversión pública.
"Será que hay corrupción o será que no hay capacidad, pero alguna de esas dos debe de haber en las gobernaciones departamentales, que no están permitiendo la ejecución presupuestaria", remarcó el congresista, en alusión a que el avance en el gasto en los consejos de desarrollo va por el 18%.
Otro aspecto que cuestionó fue que la liberación de las adquisiciones se pretenda hacer "cerca de un año preelectoral".
Niegan opacidad
Victoria Godoy Palala, una de las ponentes de la iniciativa, respondió a las críticas de sus compañeros y aseguró que el Ejecutivo busca establecer normas de transparencia y "fortalecer la rendición de cuentas", en el proyecto que impulsa.
Asimismo, calificó los procesos burocráticos como una limitante para la ejecución presupuestaria. Eso es algo "que nos está bloqueando y nos está superando", indicó, y mencionó en esa línea las "constantes citaciones de funcionarios" por parte de las bancadas y comisiones.
"Este Gobierno, por fin, ha llevado inversión pública a los territorios", afirmó, y justificó que los tiempos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones ha incidido en que no se avance lo suficiente.
Preparan otra propuesta
Por su parte, José Carlos Sanabria, el otro ponente del proyecto, se refirió a "intenciones maliciosas" por parte de algunos de sus colegas de "intentar confundir, no solo a los diputados sino también a la gente," sobre el contenido de la iniciativa en mención.
Igual que Godoy, aseguró que, de aprobarse la ley de agilización de la inversión pública, se publicaría el detalle de cada acción efectuada y de los fondos utilizados, como medida de transparencia.
Además, anunció que el Ejecutivo está preparando una nueva iniciativa, en busca de "reformar de manera profunda" la Ley de Contrataciones del Estado. Según dijo, eso es necesario para hacer más eficiente el gasto.
Entretanto, la propuesta que ya está en el Congreso permitiría llevar obras a lugares donde no se ha llegado antes, dijo.
Así es la iniciativa
La iniciativa blanco de críticas está registrada con la nomenclatura 6576 y, aunque está en el Congreso desde el pasado 14 de julio, se supo de ella recientemente, ya que el oficialismo no la presentó en público.
Entre los aspectos más relevantes que contiene figuran los siguientes:
- Declara de urgencia nacional las inversiones en temas de carreteras, salud, educación y proyectos de desarrollo urbano y rural, entre otros.
- Faculta la contratación directa o por cotización, sin obligación de realizar licitación pública, en varias instituciones, incluida la mayoría de ministerios.
- Autoriza la suscripción de convenios de cooperación técnica y ejecución de obras con entes internacionales.
- Establece un plazo de cinco días hábiles para resolver trámites, como licencias, permisos y dictámenes, con prioridad para los consejos de desarrollo.
- Autoriza compras directas por montos de hasta Q200 mil.
- Fija en Q2 millones el monto máximo para las adquisiciones que se podrían hacer sin autorización superior.
- Crea un fondo especial a donde llegarían los recursos destinados a las obras, el cual sería administrado por el Crédito Hipotecario Nacional.
- Establece una duración de tres años para la aplicación de la normativa, pero podría haber prórroga.
