Los aspirantes tendrán una semana para presentar su expediente que será analizado por el Organismo Ejecutivo.
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La Presidencia de la República abrió este lunes el proceso de recepción de expedientes de abogados interesados en ser designados como magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Este proceso corresponde a la facultad que tiene el presidente de la República de nombrar a uno de los cinco magistrados titulares y su respectivo suplente, conforme lo establece la Constitución Política de la República.
Según la información oficial, la Secretaría General de la Presidencia recibirá los expedientes desde este lunes y hasta el viernes 20 de febrero de 2026, en horario de 9 a 17 horas, en sus instalaciones ubicadas en la 6a. avenida 5-34 de la zona 1 capitalina.
La convocatoria, fue publicada en el Diario de Centro América el pasado 9 de febrero y forma parte del proceso institucional mediante el cual se conformará la nueva magistratura de la CC, cuyos integrantes son designados por distintos organismos del Estado.
Los entes que designan magistrados constitucionales son el Presidente en Consejo de Ministros, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
El presidente Bernardo Arévalo señaló en una conferencia de prensa que el proceso de recepción de documentos será abierto y público, por lo que el acceso a los medios de comunicación interesados en documentar el desarrollo del procedimiento estará permitido.
Requisitos priorizan la transparencia
De acuerdo con el artículo 271 de la Constitución Política de la República, los aspirantes a magistrados de la CC deben cumplir cuatro requisitos fundamentales: ser guatemaltecos de origen, ser abogados colegiados activos, contar con reconocida honorabilidad y tener al menos 15 años de ejercicio profesional desde su graduación.
No obstante, la convocatoria emitida por la Presidencia incorpora requisitos adicionales orientados a reforzar la transparencia y la probidad de los aspirantes.
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Entre los documentos solicitados se incluye una carta dirigida al presidente Bernardo Arévalo en la que el postulante exponga las razones de su interés en el cargo, así como copia del Documento Personal de Identificación (DPI), certificación de nacimiento, hoja de vida, constancias laborales o de servicios profesionales, y fotocopias de los títulos universitarios y estudios realizados.
Asimismo, se requiere una constancia de tiempo de ejercicio profesional extendida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Como parte de los controles de integridad, los aspirantes deberán presentar constancias de carencia de antecedentes penales y policiacos, así como una certificación que acredite que no han sido sancionados por el Tribunal de Honor del CANG.
También se exige la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito, extendida por la Contraloría General de Cuentas (CGC), documento que certifica que el aspirante no tiene responsabilidades pendientes por el manejo de recursos públicos.
Adicionalmente, los interesados deberán entregar una declaración jurada en la que manifiesten que cumplen con todos los requisitos constitucionales y que no incurren en ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
Estas medidas reflejan un énfasis en garantizar que los aspirantes cumplan no solo con los requisitos mínimos constitucionales, sino también con estándares más amplios de ética y transparencia.
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La designación del magistrado por parte del Ejecutivo constituye uno de los cinco nombramientos que conforman el pleno de la Corte de Constitucionalidad, órgano encargado de garantizar la supremacía constitucional y resolver acciones como amparos, inconstitucionalidades y conflictos entre poderes del Estado.
En el actual contexto político, la integración del tribunal adquiere especial relevancia debido a su papel en decisiones que han impactado temas presupuestarios, proyectos de infraestructura y el funcionamiento de instituciones clave del país.
