Desde el 2000 hasta la actualidad se registran varios casos de corrupción que involucran a algunos exjefes de la cartera.
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La fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes II inició una crisis profunda en el Ministerio de Gobernación que provocó que el presidente Bernardo Arévalo aceptara la renuncia del ministro de Gobernación Francisco Jiménez y los viceministros de Seguridad José Portillo y de Antinarcóticos, Claudia Palencia.
La crisis aumentó cuando el pasado viernes 17 de octubre el Ministerio Público (MP) anunció que existe una orden de captura en contra de la ex viceministra Claudia Palencia, la cual aún no ha podido hacerse efectiva.
Asimismo, el MP señaló que busca establecer si Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, está en funciones o no, esto debido a que al fungir ese cargo mantiene la prerrogativa de inmunidad, por lo que no puede ser ni investigado ni detenido.
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Mientras se desarrolla esa situación, resalta que el Ministerio de Gobernación es una cartera donde muchos de quienes han sido su máxima autoridad en los últimos años terminan siendo capturados o enfrentando un proceso judicial en contra.
Los registros históricos muestran que desde el año 2000 hasta la fecha se han nombrado y ejercido como ministro de Gobernación 21 personas, de las cuales siete han sido capturadas y han enfrentado distintos procesos penales.
Esto significa que el 33% de los exfuncionarios, es decir, uno de cada tres, ha terminado con un proceso penal en contra luego de su paso por la cartera de Seguridad del Interior.
Los primeros dos casos son de exministros que fungieron durante la administración de Alfonso Portillo como presidente, el primero fue Byron Humberto Barrientos Díaz, quien fue ministro de agosto de 2000 a noviembre de 2001.
El exfuncionario fue capturado en enero de 2016 por su presunta participación en masacres y desapariciones forzadas, cometidos en Alta Verapaz y la capital durante el conflicto armado interno, esto porque además formó parte de las filas castrenses.
El segundo caso es el de Eduardo Arévalo Lacs, quien fue ministro entre diciembre 2001 y julio de 2002, quién fue señalado de haber ordenado y propiciado la emisión de dos cheques por un total de Q120 millones del Ministerio de la Defensa durante su gestión, pues también fue ministro de esa cartera.
El caso data de 2001 y según la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el exministro habría recibió dinero en efectivo por las millonarias transferencias que llegaron a las arcas del Ejército.
El tercer ministro capturado y cuyo caso ya tiene que ver con sus labores como ministro de Gobernación es el de Carlos Vielmann, quien estuvo al frente de la cartera de julio 2004 a marzo 2007 en la administración de Óscar Berger.
Vielmann fue señalado de ejecuciones extrajudiciales en una investigación relacionada con el caso Infiernito, fue capturado en España en 2010 y posteriormente también fue capturado en Guatemala en 2018. Quedó absuelto de los cargos Tanto en España como en Guatemala.
Los siguientes dos casos se registraron durante la gestión presidencial de Álvaro Colom, se trata de Salvador Gándara Gaitán, quien estuvo al frente de la cartera de enero a julio de 2009, y de Raúl Antonio Velásquez Ramos, quien fue ministro de julio de 2009 a febrero de 2010.
Gándara Gaitán fue detenido en 2011 señalado de participar en una estafa de Q17.4 millones que se habría hecho durante la construcción de la prisión Fraijanes II, la cual fue destruida casi en su totalidad durante un motín.
En 2018 Gándara fue capturado nuevamente junto al expresidente Colom y 11 miembros de su gabinete señalados de avalar la implementación del proyecto del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano), a través del cual se habrían sustraído Q270 millones del Estado guatemalteco.
En el caso de Velásquez Ramos se entregó 10 meses después de estar prófugo y enfrentó proceso por supuestamente haber autorizado la extensión de un convenio administrativo por Q17 millones para la remodelación de la cárcel Fraijanes II, por el cual fue absuelto.
También enfrentó otros señalamientos como incumplimiento de deberes y una supuesta implicación en irregularidades en la compra de combustible para la Policía con la empresa Maskana.
El sexto caso es del de Mauricio López Bonilla, quien fue ministro de enero de 2012 a mayo 2015 durante la gestión de Otto Pérez Molina como presidente. Su captura se concretó en 2016 por el caso de corrupción denominado "La coperacha".
Posteriormente, el exfuncionario fue señalado de otros casos de corrupción por la CICIG y el MP entre ellos el de Cooptación del Estado y el Caso Patrullas.
El último caso es el del exministro David Napoleón Barrientos Girón, quien estuvo al frente de Gobernación de enero de 2022 a octubre de 2023 bajo las órdenes del entonces presiente Alejandro Giammattei.
Su captura se concretó en enero de 2024 y fue señalado de desobedecer una orden judicial para despejar los bloqueos de octubre 2023 que exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, los delitos por los cuales se les señaló fueron incumplimiento de deberes y desobediencia.
