En la Comisión Anticorrupción laboran 28 personas y mensualmente gasta más Q695 mil en salarios. En los últimos dos años, ha presentado 20 denuncias por posibles actos de corrupción en el actual Gobierno.
EN CONTEXTO: Giammattei explica cómo funcionará la Comisión Anticorrupción
En repetidas oportunidades, el presidente Alejandro Giammattei ha resaltado la labor de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Su creación fue planteada como la alternativa de Giammattei ante la desaparecida CICIG.
Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas, la Comisión Anticorrupción tiene una asignación para este año de 11.5 millones de quetzales, de los cuales ha ejecutado el 42%, es decir 4.8 millones de quetzales (Q4,841,154), la mayoría en funcionamiento, es decir: pago de salarios.
La Comisión Anticorrupción está integrada por 39 personas: once directores, trece jefes de departamento, una coordinadora, once asistentes y tres pilotos. Cada mes, esta comisión desembolsa Q695,859 solo en salarios, lo que significa que, en lo que va del año, se ha gastado más de Q4 millones en dicho rubro. Es decir, que la mayor parte de su ejecución ha sido para pago de salarios.
¿Qué ha hecho la Comisión?
Es decir que en este 2021, la Comisión ha presentado cinco denuncias y una ampliación, por lo que, si se compara la ejecución del gasto público con lo realizado, se podría calcular que cada investigación ha tenido un costo de Q806,859.
Uno de sus objetivos es recibir denuncias de corrupción dentro del Organismo Ejecutivo.
De acuerdo con un informe de la Comisión presentado a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se han recibido 309 "alertas" (como denominan a las denuncias), pero de ellas solo 111 tiene expedientes. De estas, se han presentado 18 denuncias y una ampliación. De estas, trece fueron presentadas el año pasado. Además, siete casos están en evaluación y uno más está con un juicio oral pendiente.
UNA DE LAS INVESTIGACIONES: Comisión Anticorrupción investiga quien pagó las pruebas falsas
Sin embargo, el trabajo de la Comisión Anticorrupción carece de legalidad en el proceso penal, por lo que las investigaciones deben ser presentadas ante una fiscalía del Ministerio Público (MP), ya que, según la Constitución de la República, es el único ente de investigación penal en el país. O bien, puede trasladar el informe a la Contraloría General de Cuentas, institución que también debería corroborar la información.
Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, ha visto con agrado la iniciativa de la Comisión Anticorrupción.
Los funcionarios de la Comisión
La mayoría de los trabajadores, incluidos el director de la Comisión, ha trabajado en otras dependencias del Estado, como el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
Uno de ellos es el mismo director Óscar Dávila, quien además de haber laborado en el Ministerio Público, fue viceministro de Antinarcóticos en el Ministerio de Gobernación durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.
No es el único que formó parte de la administración de Morales. También está el subdirector director ejecutivo, Edwin Antonio Pérez Corzo, quien fungió como Viceministro del Deporte.
Durante su administración, Pérez Corzo se vio envuelto en dos escándalos. El primero por la compra de 1,948 bolsas de globos que tuvieron un costo de Q68,959 cada una.
Y el segundo, por la adquisición de 5 mil trompos de plástico transparentes, con logotipo de dicha institución, por Q89,750, bajo el argumento de que se quería recuperar los juegos autóctonos tradicionales del país.
Según Dávila, antes de contratar a Pérez Corzo, se verificó si tenía alguna denuncia penal en su contra y, en conjunto con el MP, se determinó que no había ningún proceso abierto en su contra.
"Antes de contratar, se hace un análisis de las condiciones de las personas para que ninguno tengo procesos legales en su contra", recalcó.
Estructura de la Comisión Anticorrupción
Además de los trabajadores ejecutivos de la comisión, esta está integrada por el mandatario Alejandro Giammattei, quien la preside; los ministros de Gobernación y Finanzas, los secretarios General de la Presidencia y de Planificación y Programación (Segeplan), así como el Procurador General de la Nación. Y se delega la parte operativa en un director ejecutivo, que desde su creación fue asumido por Óscar Dávila.
Además, en el proyecto original, Miguel Martínez, el entonces director del llamado Centro de Gobierno, también integraba la comisión. Sin embargo, Giammattei modificó el Acuerdo Gubernativo 28-2020, con el que le dio vida a la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. El cambio, publicado este miércoles 5 de mayo de este año en el diario oficial, consiste en quitar del texto al director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, debido a que la institución que dirigió Miguel Martínez cerró el 31 de diciembre de 2020.
"Dicha comisión fue derogada (...) se hace indispensable reformar el artículo 3 en mención", señala uno de los considerandos del Acuerdo Gubernativo 91-2021.
El 4 de diciembre de 2020, Giammattei anunció el cierre del Centro de Gobierno luego de una solicitud pública efectuada por el vicepresidente Guillermo Castillo, debido a que la institución fue criticada por presuntamente duplicar las funciones de otras instituciones, entre estas las de la Vicepresidencia.
La comisión tendrá vigencia por cuatro años, es decir, pocos días después de que Giammattei termine su período constitucional.
Óscar Dávila: "Hacemos más"
Óscar Dávila, jefe de la Comisión Anticorrupción, explicó en entrevista a Soy502 que la mayoría del presupuesto se usa para el pago de salarios, pero dijo que le parece injusto que el trabajo de esa instancia se califique únicamente por las denuncias presentadas, cuando realizan otras actividades que están dentro de su mandato y que tiene que ver con acciones para reducir la corrupción dentro del Estado.
El director de la comisión justificó que los salarios son elevados porque, desde que asumió, solicitó que los contratados fueran personas "altamente profesionales", y todos cumplen con "estándares" que respaldan su salario.
Dávila también aseguró que en las últimas dos semanas han presentado dos denuncias más, por lo que llevan ocho, y no seis como el informe que entregó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia a Soy502.
"Si bien tenemos la facultad de investigar administrativamente, tenemos varias otras aristas que tenemos a nuestro cargo que van relacionadas con la prevención. De las investigaciones realizadas, hemos elaborado varios métodos para evitar la corrupción, de temas como combatir el conflicto de interés y cómo prevenirlo", explicó.
El Código de Ética junto con el Ministerio de Trabajo
Además, están por lanzar, junto con el Ministerio de Trabajo un "Código de Ética" para formar a los trabajadores, y que implica sanciones en caso de no respetarse. Con Finanzas y la Contraloría, también se ha creado un mecanismo para evitar el fraccionamiento en compras.
"Estamos por lanzar un tema de juntas de licitación, porque hemos visto mucha mala práctica, hemos visto en las instituciones que redundan los mismos actores en las juntas, con malos manejos administrativos, por ejemplo, pero hacemos mucho más que las denuncias", detalló Dávila.
Respecto de las compras justificó que se trata de un mecanismo de apoyo y compensación al personal que trabaja muchas horas dentro de la institución para cumplir sus metas.
Gastos ajenos a la naturaleza
No solo se consume casi todo el gasto en salarios, sino que también se han destinado los fondos para compras sin importancia. Por ejemplo, medicamentos, amueblados de comedor y cocina, pizarrones de vidrio, banderas para cada escritorio y hasta un cargador y un basurero por el que se pagaron Q433. Si bien se entiende que son gastos de funcionamiento para cualquier oficina, no se reportan otro tipo de gastos que evidencien sus movimientos en las investigaciones.
De acuerdo con el portal de Guatecompras, en junio, la Comisión tuvo un gasto de Q2,971 solo en medicamentos, que van desde jarabe para la tos, medicinas para la gastritis, dolor de estómago, migraña y dolores musculares.
También han adquirido muebles, como gabinetes de cocina, lavatrastos, ventiladores de pared, un refrigerador de acero y un amueblado de cocina que tuvo un costo de Q11,360.
Entre los gastos de baja cuantía reportados, destaca una bandera con su asta, la cual tuvo un costo de Q1 mil. Además, adquirieron banderitas en los diferentes escritorios que tuvieron un costo de Q440.
Los gastos de funcionamiento más fuertes reportados por la Comisión Anticorrupción fue la instalación de una red interna, que tuvo un costo de Q89,900, pero esta se realizó durante el 2020.
En este 2021, la Comisión erogó Q81,907 en la compra de espacio en la nube; Q38,500 más en la contratación de servicio celular; Q17,221 en servicio de Microsoft, y Q20 mil en una motocicleta.
Manfredo Marroquín: "Destinada al fracaso"
Manfredo Marroquín, experto en transparencia y gasto público y analista de Acción Ciudadana, aseguró que la Comisión Anticorrupción creada por Giammattei está "destinada al fracaso", debido a que carece de independencia ya que depende del Ejecutivo.
"A nivel mundial, se ha demostrado que este tipo de comisiones sin independencia y sin mandatos fuertes pueden hacer muy poco, aunque tengan mucho presupuesto. Es prácticamente una falsa solución, porque no hay manera que den resultados", explicó.
Para Marroquín, sería mejor invertir en estos Q11.5 millones que tiene la comisión de presupuesto, para otras fiscalías como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pues a su criterio tienen otros métodos de investigación y una "relativa independencia".
Además, recordó que solo el Ministerio Público puede realizar investigaciones penales y que, en el caso de las que son administrativas, le corresponde a la Contraloría General de Cuentas (CGC).
"Solo sirve para que el Gobierno hable que lucha contra la corrupción... ya vimos el mismo ensayo durante la administración de Otto Pérez Molina, donde se tenía la Comisión Presidencial por la Transparencia dirigida por Verónica Taracena, allegada de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y que resultaron que ella misma servía para cobrar extorsiones", recordó Marroquín.
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