Karin Herrera se pronunció respecto al proceso de elección de rector de la USAC y asegura que compete a la comunidad universitaria y no al Ejecutivo.
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La vicepresidente Karin Herrera se pronunció respecto al proceso de elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el período 2026-2030 y resaltó que no corresponde al Ejecutivo respaldar u otorgar legitimidad a los procesos internos de elección o designación de autoridades en dicho centro de estudios.
Herrera, quien es egresada de la USAC, también expuso que existe un marco legal y son los estudiantes, docentes y egresados sancarlistas quienes están llamados a decidir sobre sus autoridades en el ejercicio de la Autonomía Universitaria.
Sin embargo, al ser interrogada sobre la posibilidad de que ocurran prácticas fraudulentas para favorecer la reelección del actual rector, Herrera dijo que "entre los aspectos que generan inquietud se encuentra la falta de acreditación de todos los electores que fueron elegidos de manera legítima en las unidades académicas y colegios profesionales, para conformar el Cuerpo Electoral Universitario que elegirá al Rector el 8 de abril", así como la ausencia de elecciones de algunos cuerpos electorales.
Según Herrera, lo anterior incrementó el seguimiento de distintos sectores y el llamado a las autoridades correspondientes para asegurar que la elección retome la plena participación universitaria, garantizando que todos los procedimientos se desarrollen acorde a los principios de legalidad, transparencia y representatividad. "El 8 de abril, todos los electores deben contar con su acreditación y asiento que garantice elegir libremente al rector", expuso.
Asignación presupuestaria
En cuanto a si el Ejecutivo respaldaría un segundo mandato de Mazariegos como rector, Herrera apuntó: "no corresponde directamente al Organismo Ejecutivo respaldar ni otorgar legitimidad".
"Es una responsabilidad que recae, principalmente en el marco legal correspondiente, y en donde estudiantes, docentes y egresados sancarlistas son los llamados a decidir sobre sus autoridades en el ejercicio de su autonomía universitaria", explicó.
Sin embargo, aseguró que al Ejecutivo le compete garantizar a la institución el cumplimiento de la asignación presupuestaria constitucional del 5%, lo cual como todo recurso público "debe administrarse con absoluta responsabilidad, transparencia y eficiencia, asegurando que cada quetzal se traduzca en mejoras verificables en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
Con esto, califica como indispensable invertir en el fortalecimiento de la calidad académica, la investigación, laboratorios adecuadamente equipados y mayores oportunidades de práctica profesional.
