El Gobierno británico reveló las condiciones técnicas del acuerdo de infraestructura firmado con las autoridades de Guatemala, el cual abre la puerta a un millonario plan de financiamiento para el transporte masivo.
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El Gobierno del Reino Unido dispondrá de hasta 5 mil millones de libras esterlinas —equivalentes a unos 51 mil millones de quetzales— para el financiamiento de proyectos de infraestructura crítica en Guatemala, priorizando la construcción del sistema de transporte masivo MetroRiel en el metropolitano.
Las condiciones y los detalles técnicos de esta cooperación bilateral se dieron a conocer de manera oficial por medio del acuerdo de asociación compartido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, el cual fue suscrito originalmente el pasado 9 de julio por el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, y la embajadora británica, Juliana Whitfield.
Este potencial financiamiento se destinará para la ejecución del proyecto Metro Riel y al desarrollo integral del sistema de transporte masivo más amplio para el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, con el objetivo primordial de mitigar el colapso vial que afecta diariamente la movilidad humana de esta región.
La iniciativa ferroviaria resalta como uno de los 13 proyectos de infraestructura pública priorizados por el Gobierno que encabeza el presidente Bernardo Arévalo para modernizar la conectividad en una zona metropolitana que abarca a la capital y a sectores de varios municipios aledaños.
Toda esta gran periferia urbana concentra en la actualidad a más de cinco millones de personas y sufre una crisis severa de ordenamiento vehicular en un territorio donde no se ejecutan obras de transporte ferroviario de gran envergadura desde hace más de medio siglo.
Las condiciones
El documento oficial estipula que la asistencia financiera se canalizará formalmente por medio de la agencia de crédito a la exportación del Gobierno británico, denominada UK Export Finance (UKEF).
Sin embargo, se aclara que este respaldo millonario no constituye una donación directa, sino que estará condicionado rigurosamente a que la exposición total al riesgo crediticio de la entidad británica en el país no sobrepase el techo establecido de los 5 mil millones de libras, debiendo cumplir además con los procesos legales, financieros y de debida diligencia que exige la institución europea al momento de evaluar cada obra.
Con el fin de estructurar la planificación de estas obras viales e intercambiar conocimientos técnicos y de gobernanza, el acuerdo establece que ambos gobiernos trabajarán en conjunto con el grupo especializado "Infrastructure Exports: UK" (IE:UK) para incorporar la experiencia de empresas especializadas del sector ferroviario británico.
Durante el acto oficial de la firma del documento el pasado 9 de julio, la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Whitfield, resaltó el valor estratégico de este modelo de acompañamiento internacional.
"Nuestra experiencia nos ha enseñado que las grandes obras no dependen únicamente de la ingeniería o de la construcción, también requieren instituciones sólidas y coordinadas, planificación estratégica y buena gobernanza. Precisamente en esos ámbitos es donde creemos que esta asociación puede aportar valor", afirmó.
La vigencia
Por su parte, el mandatario guatemalteco, quien asistió a la ceremonia oficial en el Palacio Nacional de la Cultura como testigo de honor de este convenio que tendrá una vigencia inicial de cinco años, enfatizó de forma directa sobre el impacto y las garantías de transparencia que se buscan implementar en la obra pública.
"La firma de este acuerdo es un paso inicial en un camino largo. Nos permitirá contar con el respaldo técnico necesario para asegurar el éxito de este proyecto. Y nos permitirá tomar decisiones con transparencia y sin corrupción", declaró Arévalo.
El documento concluye que el memorando únicamente constituye una base de entendimiento estratégico, por lo que el presente acuerdo no genera derechos u obligaciones legales vinculantes para los participantes ni para terceras personas bajo las normativas del derecho interno o internacional.
