Si no se aprueba la evaluación internacional, país podría recibir menos inversión extranjera y el financiamiento externo sería más caro.
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El sector bancario y las autoridades del sistema financiero de Guatemala hicieron un llamado al Congreso de la República para acelerar la aprobación de la actualización de la Ley contra el lavado de dinero.
Señalaron que el objetivo de la legislación no solo es fortalecer el marco legal del país sino evitar que Guatemala sea incluida en la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, los funcionarios coincidieron en que la aprobación de la iniciativa de ley es clave para cumplir con los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo De León, apeló al compromiso manifestado por los diputados que integran el Congreso para continuar con la discusión de la normativa y concretar su aprobación en el corto plazo.
"Estoy convencido de que las bancadas y los diputados en lo individual saben que es muy importante modernizar la ley de prevención del lavado de dinero en Guatemala", afirmó el funcionario.
Explicó que la actualización de la legislación permitiría elevar los estándares del país en la lucha contra los delitos financieros y que la aprobación de la ley no solo fortalecería la prevención, sino también la capacidad del Estado para reprimir estas actividades ilícitas.
"Esto nos va a subir de nivel, nos va a estandarizar para poder prevenir y reprimir el lavado de dinero", señaló De León.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado directo al Legislativo para mantener la discusión de la iniciativa en la agenda parlamentaria y avanzar hacia su aprobación.
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Consultado sobre si aún existe tiempo para implementar la normativa antes de la evaluación del GAFI, De León sostuvo que el país todavía puede cumplir con los plazos, pero subrayó que es indispensable contar con el respaldo legal.
"Las implementaciones se están dando. Lo que necesitamos es una cobertura legal porque el evaluador va a venir aquí y nos va a preguntar si nosotros tenemos una buena práctica", explicó el superintendente.
Advirtió que, aunque algunas prácticas ya se aplican en el sistema financiero, estas deben estar respaldadas por una legislación vigente para demostrar el compromiso del país ante los organismos internacionales.
"Talvez tenemos una buena práctica, pero no cubierta por una ley, necesitamos una ley que nos permita decir que el compromiso proviene del sector legislativo y prácticamente del sector bancario", puntualizó el titular de la SIB.
Enrique Rodríguez Mahr, presidente de la Asociación de Bancos de Guatemala (ABG), consideró que dentro del Congreso existe una disposición favorable para discutir y aprobar la actualización de la normativa.
"Hemos visto una disposición de la mayoría de diputados de la Comisión de Economía, entienden la importancia de lo que es ser un país cooperante ante las Naciones Unidas en términos de prevención del lavado de dinero", afirmó el representante de ABG.
Rodríguez Mahr explicó que la aprobación de la ley responde a estándares internacionales que deben cumplir todos los países y que Guatemala no puede quedarse rezagada en esta materia.
"Creemos que esto no es una cuestión que queramos o no, es una necesidad, son estándares internacionales que le ponen a todos los países y debemos de tener una ley actualizada", indicó el dirigente bancario.
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Recordó que Guatemala ya cuenta con una legislación en esta materia, pero subrayó que la normativa vigente data del año 2000 y requiere modernización para adaptarse a los desafíos actuales.
"Hay que recordar que ya tenemos una ley de prevención del lavado de dinero, pero esta es una muchísimo mejor ley, mucho más adaptada a la realidad", explicó el presidente de la Asociación.
Advirtió que el tiempo para cumplir con las exigencias internacionales es limitado, ya que el proceso de evaluación del GAFI comenzará en los próximos meses por lo que la ley debería estar implementada para ese momento.
"El tiempo apremia, porque la supervisión de GAFI empieza con requerimientos de documentación en junio de este año para empezar ya la evaluación en el año entrante a principios", explicó Rodríguez Mahr.
El presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria Álvaro González Ricci, recordó que la urgencia radica en que la implementación de la normativa requiere tiempo y no se limita únicamente a su aprobación en el Congreso.
"No es rápido, no sólo es que se apruebe, hay que reglamentarlo, hay que hacer ciertos ajustes", explicó el funcionario.
Advirtió que si Guatemala no demuestra avances concretos en esta materia podría enfrentar consecuencias negativas en el ámbito internacional.
"Lo que no queremos es que venga GAFI y vea que Guatemala no ha cumplido con hacer esos cambios porque claramente nos pudiera incluir en una lista gris, lo cual sería, diría, nefasto para el país", enfatizó el presidente de Banguat.
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Señaló que existe un entendimiento dentro del Congreso sobre la importancia de la iniciativa y destacó que la propuesta ya fue ampliamente discutida en la Comisión de Economía.
"Se ha socializado mucho la iniciativa con la Comisión de Economía, que fue un dictamen favorable para que la discusión de alguna manera no sea tan extensa allá en el Congreso", indicó González Ricci.
El presidente del banco central expresó su expectativa de que el proceso legislativo pueda avanzar con rapidez para evitar retrasos.
"Ojalá pudiera ser de urgencia nacional, pero si no, se irá a las tres lecturas correspondientes y ojalá las enmiendas seas mínimas", puntualizó el funcionario.
