Otras instituciones se unen al llamado de la Superintendencia y le piden al Organismo Legislativo aprobar la normativa.
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La Superintendencia de Bancos (SIB) advirtió que la falta de aprobación de la denominada Ley Antilavado podría generar consecuencias negativas para la estabilidad económica, financiera y reputacional de Guatemala.
La entidad también señalo que hay una posibilidad real de incrementar el riesgo de que el país sea incluido en la denominada "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La postura de la SIB surge luego de que el Congreso de la República no lograra aprobar la iniciativa de ley que buscar crear la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
La normativa no fue aprobada durante el primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República, situación que ha provocado preocupación dentro de distintos sectores económicos y financieros del país.
Dicha preocupación deriva de la proximidad de la evaluación internacional que enfrentará Guatemala en febrero de 2027 ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Según explicó la Superintendencia, no aprobar e implementar un marco legal actualizado, moderno y alineado con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, podría afectar directamente la percepción de riesgo del país y la confianza de la comunidad financiera internacional.
La entidad señaló que las consecuencias podrían reflejarse en un deterioro reputacional, mayores exigencias regulatorias, incremento en los costos de las relaciones financieras y comerciales internacionales e incluso poner en riesgo el grado de inversión de Guatemala.
La SIB recordó que el marco normativo actual ha sido fundamental durante más de 25 años para alcanzar avances significativos en el país.
Destacó que la legislación vigente ya se encuentra desfasada frente al surgimiento de nuevas tecnologías que facilitan operaciones vinculadas con la criminalidad organizada transnacional.
En cuanto a la evaluación internacional programada para febrero de 2027, la Superintendencia explicó que el proceso de Evaluación Mutua de GAFILAT no se limita únicamente a revisar aspectos de supervisión financiera.
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Precisa que también se analiza si los países cuentan con un marco legal y normativo adecuado para cumplir con los estándares internacionales emitidos por el GAFI.
Además del cumplimiento técnico, la evaluación también mide el nivel de efectividad del sistema nacional para prevenir y reprimir delitos relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, verificando si la normativa vigente produce resultados efectivos dentro de las instituciones del país.
"El retraso en la aprobación de la Iniciativa de Ley 6593 demora la capacidad del país para demostrar avances tanto a nivel de cumplimiento técnico, así como la efectividad de su implementación, al no contar con suficiente tiempo para generar resultados concretos y demostrables ante los evaluadores", indicó la entidad.
La "lista gris"
La Superintendencia también fue enfática al advertir que existe un riesgo real de que Guatemala sea incluida en la "lista gris" del GAFI si no logra actualizar su legislación conforme a los estándares internacionales.
Según explicó, esto provocaría mayores controles internacionales, encarecimiento del crédito y más requisitos para operaciones financieras y comerciales vinculadas con Guatemala.
Asimismo, señaló que podría aumentar el costo de las transacciones internacionales y generar mayores tiempos de procesamiento debido a la aplicación de mecanismos de debida diligencia reforzada por parte del sistema financiero global.
La SIB indicó que uno de los sectores más sensibles sería el relacionado con las remesas familiares, debido a que estas representan el 21 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto porque el envío de dólares del extranjero depende de cuentas de corresponsalía bancaria que podrían quedar sujetas a mayores controles y supervisiones internacionales.
Asimismo, advirtió que el comercio internacional también podría verse afectado mediante requisitos adicionales y mayores costos en instrumentos como cartas de crédito, lo que restaría competitividad a exportadores e importadores guatemaltecos.
La institución recordó que Guatemala ya enfrentó anteriormente escenarios similares y enfatizó que salir de una lista del GAFI implica compromisos prolongados y costosos tanto en materia económica como regulatoria y de supervisión.
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Finalmente, la Superintendencia de Bancos reiteró que resulta "indispensable" aprobar la Iniciativa de Ley 6593 a la mayor brevedad posible.
De esa cuenta, hizo un llamado directo al Congreso de la República para retomar la discusión y avalar la normativa antes de la evaluación internacional prevista para 2027.
Piden aprobación de la Ley
La Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) hizo un llamado al Legislativo para continuar impulsando la normativa al considerar que se trata de un tema de interés nacional.
La Cámara señaló que considera "indispensable" su aprobación conforme al consenso técnico que ya había sido alcanzado en la Comisión de Economía del Congreso.
La entidad explicó que la actualización del marco legal antilavado es necesaria para fortalecer la confianza internacional, preservar la credibilidad del sistema financiero.
Asimismo, la consideran indispensable para "mantener la alineación de Guatemala con los estándares evaluados por el Gafilat".
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) afirmó que contar con una normativa actualizada y alineada con estándares internacionales contribuye a proteger la integridad del sistema financiero.
La institución afirmó que también "fortalecer la lucha contra actividades ilícitas como el lavado de dinero y el contrabando", además ayuda a "generar mayor confianza para la inversión y el comercio".
AmCham Guatemala hizo un llamado al Congreso para "continuar con el proceso legislativo de la iniciativa y avanzar hacia su aprobación por artículos y redacción final".
La institución además pidió que se procure "que el texto mantenga consistencia técnica, certeza jurídica y mecanismos efectivos de implementación".
