La petición surge por una investigación de supuestas adopciones irregulares vinculadas al hogar Elisa Martínez.
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A pocas semanas de que la fiscal general Consuelo Porras deje el cargo, el diputado José Chic presentó una acción legal para asegurar que permanezca en el país, mientras enfrenta una investigación por presuntas adopciones irregulares.
Durante la conferencia, el congresista se explicó que ante la cercanía del fin de funciones de la jefa del Ministerio Público (MP), previsto para mediados de mayo, solicitó que se gestione una medida de arraigo.
Además, indicó que la intención es evitar que Porras salga de Guatemala una vez pierda la inmunidad que le otorga su cargo. "Estamos pidiendo que Consuelo Porras quede arraigada a partir del diecisiete de mayo, que debe de entregar el cargo del fiscal general y jefe del MP", indicó.
Chic recordó que semanas atrás presentó una querella contra Porras, a quien vincula con hechos ocurridos en el hogar temporal Elisa Martínez. Según sus declaraciones, en ese lugar se habrían registrado adopciones irregulares durante el tiempo en que la actual fiscal general laboró allí.
"Desde hace varias semanas presenté una querella en contra de María Consuelo Porras Argenta que en su momento laboró en el hogar Eliza Martínez. Esto porque ocupó cargo dentro de este hogar temporal donde se dieron adopciones irregulares, o sea, hubo una venta de niños", expresó.
De acuerdo con el diputado, el caso ya es objeto de investigación dentro del MP; sin embargo, advirtió que la incertidumbre reciente sobre la presencia de Porras en el país y sobre la dirección de la institución podría afectar el avance de distintos procesos.
En ese contexto, insistió en que la medida de arraigo resulta necesaria no solo por el vencimiento de su mandato, sino también por rumores sobre una eventual salida del país. "ante los diferentes rumores que hay de que podría salir del país, y como hay muy pocos países donde podría ir a pedir asilo...", agregó.
Por su parte, Porras se pronunció a través de su cuenta X donde aseguró que permanece en Guatemala y rechazó la desinformación y señalamientos.
"Hay quienes insisten en desinformar mientras nosotros seguimos trabajando. Mañana, como todos los días, nos espera una ardua jornada de trabajo en beneficio de Guatemala. Con la guía de Dios, nos mantenemos fuertes, firmes y comprometidos con servirle al país", se lee en la publicación.
El legislador también enfatizó la gravedad del caso, al señalar que las adopciones ilegales deben ser investigadas sin importar el tiempo transcurrido.
"El caso de adopciones ilegales en este país no puede caer en impunidad, además de que hay que entender que este tipo de delitos no prescriben, o sea, pueden pasar veinte años más, pero debe de ser investigado y debe de deducirse las responsabilidades de esta licenciada María Consuelo Porras Argueta y de la estructura que fue haber estado operando al interno del hogar Elisa Martínez", dijo.
Asimismo, mencionó que estas prácticas habrían tenido un alcance internacional, con menores enviados a países como Estados Unidos, Canadá y naciones europeas, en procesos que, indicó, implicaban pagos que iban desde miles hasta decenas de miles de dólares.
