Expertos señalan que el mandatario debe tomar una decisión sin dejarse influenciar por las presiones de distintos sectores.
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Sea que sancione o vete el Decreto 7-2025 que contiene la Ley que beneficia a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), el presidente Bernardo Arévalo sufrirá un desgaste ante los sectores que le han solicitado públicamente que tome una u otra postura.
Analistas políticos concuerdan que el mandatario tiene un "difícil panorama", por lo que debería ser fiel a los ofrecimientos que lo llevaron a la Presidencia de la República y entender que su decisión le traerá críticas.
Asimismo, señalan que el gobernante debe tener la capacidad de resistir a las presiones de los distintos sectores que le piden tomar una decisión a favor o en contra del Decreto y que su fallo sea en función del bien común.

Desde que el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes), fue aprobado por el Congreso, generó comentarios a favor y en contra.
Por ejemplo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) aseguró "de entrar en vigencia, esta ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución".
La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) afirmó que "los mecanismos para la ejecución del presupuesto deben ser analizados y discutidos con la debida profundidad para asegurar el resguardo de los procedimientos de fiscalización y control del uso de los recursos públicos".
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Mientras que el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que el referido decreto debilitaría el control del gasto público y "no resuelve el problema de la baja ejecución presupuestaria".
Sin embargo, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) entregó un oficio respaldado por más de 300 alcaldes, quienes piden al mandatario sancionar el decreto debido a que lo consideran necesario para la construcción de obra pública.
A eso se suma que el pleno del Congreso de la República ya rechazó una serie de objeciones constitucionales planteadas por los nueve diputados oficialistas que buscan archivar la normativa por lo que el apoyo a la iniciativa en ese Organismo del Estado sigue firme.

Panorama desafiante para Arévalo
El analista político Luis Linares consideró que sea cual sea la decisión que tome el mandatario recibirá crítica de los bandos que no estén de acuerdo a su decisión y, sí en caso se inclina por el veto, tiene que entender que se podría enfrentar a una derrota legal.
"(El presidente) se encuentra en una disyuntiva. Si decide una cosa lo van a criticar unos y si decide otra lo criticarán los otros. El presidente tiene que estar de acuerdo a sus principios y estar consciente de que podría haber una derrota legal", afirmó.
A criterio del analista, si el presidente ejerce el veto, "el Congreso seguramente va a reiterar esta alianza que se conformó y tendrá los votos necesarios para ratificar el Decreto".
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"El presidente tiene que explicar bien los criterios y argumentos que utilizará, para que esa derrota —que puede ser legal en el Congreso—, se convierta en una victoria política y ética", explicó el analista.
Agregó que ante esta situación, el gobernante debería asumir "una actitud firme y no ceder ante presiones" de múltiples actores y sectores.
Rubén Hidalgo, director general del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), señaló que "el margen de maniobra que tiene el presidente en este momento es muy limitado", lo cual se debe a que sus apoyos políticos son "muy reducidos".

"Tiene que tomar una decisión trascendental para pensar en dejar un legado positivo de su Gobierno y ser congruente con su mensaje de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, que fue su discurso de promoción de campaña", afirmó Hidalgo.
Para el experto, lo que el mandatario debería hacer es "estar apegado a los ofrecimientos por los cuales el pueblo de Guatemala le votó en las pasadas elecciones".
El director del Incep considera que el mandatario debe buscar una estrategia que le ayuda a "mantener algún nivel de apoyo por parte de los gobiernos municipales" y tratar que sus acciones logren rescatar lo mínimo para tener algún apoyo en el Organismo Legislativo.
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La politóloga Geidy De Mata explicó que Arévalo debe tomar en cuenta que ya sea que sancione o vete, la decisión le traerá desgaste, por lo tanto, debe estar seguro de su decisión y asumir los costos de la misma.
"Sea cual sea la decisión, habrá un nivel de desgaste, pero como estadista tiene que dar cátedra con su decisión", afirmó la experta.
De Mata señaló que el Presidente de la República "tiene que tener coherencia entre el discurso y sus acciones".

Afirmó que "debe administrar con la visión de un estadista" y constituirse en un árbitro que examine la diversidad de intereses que existen y logre que "prevalezca el interés colectivo ante el interés particular", con respeto al marco legal existente para tener "legitimidad".
Arévalo confirmó se encuentra analizando el contenido del Decreto. "Ya lo estamos estudiando, tenemos las mismas preocupaciones que el conjunto de la población, alrededor de que no podemos permitir que haya mecanismos que, por la razón que sea, abran la puerta a estos mecanismos de corrupción", señaló.
Durante su participación en la conferencia de prensa La Ronda el pasado lunes, el mandatario confirmó que ya recibió el Decreto por parte del Legislativo, pero se limitó a decir que se sigue analizando el mismo y cuando se tome una decisión, se informará al respecto.




