La decisión sobre el salario mínimo que regirá en 2026 está en manos del presidente Arévalo. Mientras, sectores piden que esta sea técnica y basada en la productividad y realidad sectorial.
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Las principales organizaciones del sector productivo del país fijaron postura frente al posible aumento al salario mínimo y coincidieron en pedir que la decisión presidencial se base en criterios técnicos, productividad y realidad sectorial y no en consideraciones políticas.
El artículo 102 de la Constitución, establece el derecho de los trabajadores a un salario mínimo que cubra las necesidades básicas del trabajador y su familia. Para definir el monto, se establecen Comisiones Paritarias integradas por representantes de empleadores, trabajadores y el Gobierno, con el objetivo de analizar y proponer ajustes al monto que regirá en el siguiente año.
En la última semana, las autoridades del Ministerio de Trabajo trasladaron al mandatario las consideraciones para que sustente su decisión, esto luego de que las mesas técnicas de las comisiones en mención, concluyeran la jornada de análisis que inició en marzo último.
Según las últimas declaraciones vertidas por la ministra de Trabajo Miriam Roquel, existe la posibilidad de un incremento y este podría consistir entre un 6 % y 7 %, pero todo queda en manos del presidente de la República Bernardo Arévalo, quien recibirá de la cartera que dirige el expediente con los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional del Salario (CNS).
Ante esta situación y tras haberse emitido un aumento consistente en el 10 % del salario mínimo en la circunscripción de Guatemala y en la que incluye al resto de departamentos, han surgido voces entre pequeños productores, cooperativas y otras empresas que han escalado hasta las cámaras y gremiales, según sus representantes, quienes temen que el presidente tome una decisión basada en criterios políticos y no técnicos que puedan dar origen a incrementar el sector informal y desempleo.
Situación en el sector agrícola
En el sector agrícola, al malestar reportado, se le suma el deterioro de la infraestructura vial y a la congestión portuaria, lo que ha elevado los costos de producción y exportación, según describieron.
Por ejemplo, se indicó que con la decisión de incrementar en un 10 % que rige este 2025, el costo adicional se convirtió en un 14 % con prestaciones para el pago de salarios para las empresas y productores formales, todo por un incremento "sin fundamento técnico y por razones políticas", describió Carla Caballeros, de la Cámara del Agro (Camagro).
"Los pequeños productores, cooperativas y demás empresas del agroinsumos no aguantan más costos al alza", advirtió la directora ejecutiva de Camagro.
Subrayó que las decisiones salariales deben reconocer la realidad del campo y recordó que más del 70 % del empleo en el país es informal, una situación que, según indicó, se ha deteriorado.
"En el caso del empleo formal agrícola, en los últimos años se perdieron más de 560 mil empleos y en el caso concreto de los empleos formales del agro pasaron de 10 % a 6 %", afirmó Caballeros.
También cuestionó que el crecimiento económico nacional se use de forma generalizada, al señalar que el Banco de Guatemala (Banguat) estima un crecimiento de 1.8 % para el sector agrícola.
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"El crecimiento del Producto Interno Bruno (PIB) no significa productividad laboral", dijo la entrevistada, quien sostuvo que, de aplicarse una fórmula técnica, debería utilizarse solo una pequeña porción de ese crecimiento sectorial.
Caballeros insistió en la urgencia de políticas que promuevan la inversión, la formalidad y la sostenibilidad, así como el mantenimiento de carreteras y el acceso a innovación y biotecnología agrícola.
Lo que opina el sector exportador
Entre los exportadores, preocupa que se conceda un incremento sin tomar en cuenta la productividad y se remarcó la necesidad de considerar el nivel actual del salario mínimo que se paga ahora en el país y el que se otorga en promedio.
Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), afirmó que se solicita que la mejora "tenga un enfoque hacia una mejora de la productividad del trabajador, que consecuentemente lo va a llevar a un aumento de los ingresos".
Agregó que el esquema actual permite "aumentar teóricamente los ingresos del trabajador sin dar a cambio un aumento en productividad" y alertó que se debe comparar el salario mínimo con el promedio que se paga en el país. "Eso significa que se tome en cuenta la parte técnica para decidir y si hacemos números nos vamos a dar cuenta que el salario mínimo está muy alto", indicó.
Añadió que la inflación de este año ha sido baja y que no debería repetirse un aumento similar al del año anterior. "No puede estar ni cerca de la tasa que aprobaron el año pasado —del 10 %—, ni siquiera pensemos que pueda estar ni a la mitad de la tasa que se publicó el año pasado".
Sostuvo que de haber un aumento, no debería superar el 3 %, ya que "en este momento el mínimo está sobre el salario promedio, por lo que no hay razones para subirlo".
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Urgen competitividad
Enrique Font, presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), indicó que elevar el salario mínimo "no es una solución para dar salarios dignos, sino es la competitividad, la productividad y buscar cómo formalizar a todos sus empleos".
Señaló que se debe tomar en cuenta la productividad real del país y que un aumento elevado puede limitar la creación de empleo formal. "Para empezar, la postura de la CIG no es oponerse a un aumento, sino a una decisión unilateral y sin fundamento técnico", afirmó Font.
"El hecho que tengamos un promedio de salario real debajo del salario mínimo es un indicador que tenemos a la mayoría de la población ganando menos que el salario mínimo", explicó el presidente de la CIG.
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Gobierno defiende postura
La ministra Roquel, indicó que han "visto varios comunicados de los sectores productivos respecto al posible incremento del salario mínimo" y recordó que el proceso se origina en las comisiones paritarias, donde se busca el diálogo tripartito, sin embargo, señaló que, ante la falta de consensos, el Ministerio apuesta por la justicia social.
"Creo que es importante decir la justicia social. Primero, porque el Estado se organiza para velar por el bien común de todos los guatemaltecos", afirmó la funcionaria, quien confirmó que el análisis técnico ya fue trasladado a la Procuraduría General de la Nación y luego a la Secretaría General para la decisión presidencial.
Roquel añadió que, según datos del Mintrab, se ha observado un incremento de cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) respecto al año anterior y adelantó que harán un estudio para determinar si los efectos señalados por el sector empresarial "son mitos o realidades".
Damarys Oliva, viceministra de Administración del Trabajo, quien representó al Gobierno en la Comisión Nacional del Salario, explicó que el proceso se construye desde las comisiones paritarias y que el Gobierno no propuso un porcentaje específico.
"Dentro de la CNS, el Gobierno no propuso ningún porcentaje, sin embargo, a través de la persona que es el técnico dentro del tema de estadísticas laborales, se hizo una propuesta en cuanto a la evidencia con la que se contaba en el Ministerio en función de poder en un momento dado dar herramientas al señor Presidente para la toma de esta decisión" declaró la viceministra.
Agregó que desde el Mintrab y la Comisión Nacional del Salario se tiene un espíritu tripartito y lo ideal es poder construir una política salarial que permita ese consenso entre los sectores y espera que en 2026 se pueda "tener ese consenso" para poder promover ese tema de la justicia social.
Arévalo cita datos
El presidente Arévalo, durante una conferencia de prensa en Chiquimula, afirmó que la decisión se dará en los próximos días y que se tomará en un contexto económico favorable.
"Hay que felicitarnos de que sea una decisión que se está dando en el marco de muy buenas noticias para la economía guatemalteca. Porque la economía ha crecido en un 4.1 %, la inflación está por debajo del 2 % y el empleo formal ha seguido creciendo de acuerdo a los datos del IGSS", aseveró y puntualizó que en el marco de esos datos positivos se tomará la decisión sobre el salario mínimo.
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre enero y marzo de este año, la tasa de desempleo abierto era de 2.3 % y para abril y junio de 2025 la tasa estaba en 2.2 % lo que representa una disminución del 0.1 %.
La Subgerencia de Planificación y Desarrollo y el Departamento Actuarial y Estadístico del IGSS señalan que para 2023, los afiliados cotizantes de la institución eran 1,254,663 personas; para 2024, sumaban 1,659,137, y para junio de 2025, eran 1,728,649.
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