La tensión entre el presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General del MP Consuelo Porras, sigue escalando debido a sus profundas diferencias y acusaciones mutuas.
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El gobierno del presidente Bernardo Arévalo inició en medio de un marcado enfrentamiento con el Ministerio Público (MP), encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, quien llegó a dicho cargo en 2018 y ya fue reelecta una vez, culminará su mandato en mayo de 2026 y dependerá del mandatario la elección de su reemplazo.
Entre los escenarios posibles se contempla que Porras busque un nuevo cargo, como una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que le brindaría inmunidad. Otra alternativa es que intente influir en la elección de su reemplazo para asegurar continuidad en su línea de trabajo.
Expertos consultados coinciden en que los ataques al Ejecutivo podrían intensificarse a medida que se acerque el fin de su mandato.
Desde la campaña
Las diferencias, que comenzaron durante la campaña electoral, han escalado desde los primeros meses del gobierno de Arévalo y han generado un escenario de confrontación entre ambas instituciones.
Durante el proceso electoral, Arévalo expresó públicamente su inconformidad con la actuación de Porras y adelantó que buscaría su salida del cargo como una de las primeras acciones desde su mandato. Sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que la remoción de una fiscal general solo puede darse mediante un proceso formal y bajo causales específicas.
En paralelo, distintas fiscalías bajo la conducción de Porras impulsaron investigaciones contra del entonces partido Movimiento Semilla y contra el propio Arévalo, lo que profundizó la tensión entre ambas instituciones.
Primer rechazo en el gobierno de Arévalo
Arévalo anunció que convocaría a la fiscal general para solicitarle su renuncia a sólo días de haber asumido como presidente de la República.
El 19 de enero, el Ejecutivo envió una invitación formal a la Fiscal del MP, Porras para sostener una reunión destinada a revisar temas relacionados con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión, la investigación sobre la adquisición de vacunas contra la Covid-19 y el protocolo de actuación del MP ante medidas cautelares internacionales.
La citó para el 24 de enero de 2024, pero Porras informó mediante un video publicado en redes sociales que no acudiría.
Una segunda reunión fue convocada por el Ejecutivo y, en esta ocasión, Porras llegó a Casa Presidencial. Sin embargo, según relató en un video divulgado por el MP, se retiró pocos minutos después al considerar que la actividad no se realizaba en un marco jurídico adecuado.
De acuerdo con la fiscal general, la invitación la habría llevado a participar en una sesión del Consejo de Ministros, algo que, según la Constitución, la Ley del Organismo Ejecutivo y la Ley Orgánica del MP, no está permitido salvo que exista un gabinete específico regulado mediante acuerdo gubernativo.
El MP señaló en un comunicado que la reunión pudo haber derivado en una irregularidad legal, por lo que la fiscal dejó constancia de su retiro y manifestó disposición a dialogar en otro espacio que respete la autonomía institucional.
Tras la salida de Porras, el presidente Arévalo aseguró que la convocatoria buscaba coordinar acciones interinstitucionales y no requerir información específica.
Indicó que, según el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP, la fiscal general está obligada a asistir a las reuniones de gabinete para las que sea citada. Arévalo afirmó que los argumentos de Porras "no aplican" y que evidencian falta de voluntad para cumplir la ley. Ademas, anunció que su gobierno evaluaría acciones legales ante la negativa de la fiscal general a permanecer en la reunión convocada.
A finales de enero de 2024 el mandatario reiteró que había solicitado públicamente la renuncia de la fiscal general y que esta petición continuaría vigente. Agregó que es responsabilidad de Porras definir, mediante sus acciones, si acepta o no dicha solicitud.
Mensaje de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta. pic.twitter.com/yCN2Kcja33
La fiscal general, por su parte, reafirmó su decisión de no renunciar. En un mensaje difundido en video, subrayó que cumplirá el mandato constitucional para el cual fue reelecta y afirmó que su actuación se ajustaba a la ley.
Porras insistió en que no abandonaría el cargo y que defenderá la autonomía del Ministerio Público.
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La cadena nacional de mayo de 2024
El 5 de mayo de 2024, Arévalo anunció en cadena nacional que presentaría una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del MP con el fin de habilitar la destitución de Porras. El mandatario acusó a la fiscal general de "operar a favor de estructuras criminales", de no investigar a sus aliados y de usar el MP para perseguir a funcionarios y ciudadanos que denuncian la corrupción.
Ese mismo día, el MP reaccionó solicitando un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para impedir cualquier intento de remoción. Por su parte, Porras negó las acusaciones y sostuvo que el Ejecutivo buscaba controlar el Ministerio Público para garantizarse impunidad.
Aunque la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del MP fue presentada, el Congreso no logró reunir los votos necesarios para su aprobación. Legisladores afines al oficialismo reconocieron que existía resistencia de varias bancadas a involucrarse en el conflicto.
Pese a ello, algunos diputados expresaron su intención de impulsar nuevamente la reforma, señalando que era indispensable "corregir" los cambios legales hechos en 2016 que blindaron la remoción del fiscal general.
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Acusaciones de "acciones antidemocráticas"
El 7 de mayo de 2024, Porras, acompañada por altos mandos fiscales, respondió públicamente al Ejecutivo. Afirmó que la iniciativa del Gobierno reflejaba "desconocimiento de la ley" y defendió su autonomía institucional. Acusó a Arévalo de pretender colocar a un fiscal general "afín y complaciente" y lo exhortó a respetar la institucionalidad.
Ese día, la CC otorgó un amparo provisional a favor de Porras, protegiéndola de cualquier intento de destitución fuera de lo establecido en la ley vigente. Y en el caso de Arévalo en el Congreso la discusión de la reforma no avanzó por falta de quórum.
El 31 de julio de 2024, Porras presentó ante la CC una solicitud para que se ejecutara plenamente el amparo provisional otorgado en mayo. En su pronunciamiento, demandó la destitución de varios funcionarios del Ejecutivo por presuntamente no acatar resoluciones constitucionales, e incluso planteó que Arévalo debería ser procesado.
Sin embargo, el Ejecutivo calificó estas acciones como un acto "desesperado", acusando a la fiscal general de intentar limitar la libertad de expresión y evitar rendición de cuentas.
El papel de la Corte de Constitucionalidad
La CC asumió un rol central en la disputa, resolviendo recursos presentados tanto por el Ejecutivo como por el MP.
En abril de 2024 el secretario general de la Presidencia solicitó una opinión consultiva sobre la honorabilidad de Porras, con el objetivo de explorar vías legales para su eventual remoción la cual fue CC rechazó en mayo.
En mayo 2024 la CC otorgó el amparo provisional solicitado por Porras, impidiendo cualquier acción que buscara destituirla.
Mientras que en septiembre de 2024, la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad que buscaba modificar el procedimiento de remoción del fiscal general, lo que impidió al Ejecutivo avanzar en esa ruta. Ese mismo mes, la CC también negó una solicitud del MP que buscaba ejecutar medidas disciplinarias contra funcionarios del Ejecutivo.
Investigaciones del MP contra el Ejecutivo
Durante el segundo semestre de 2025, el MP lanzó una serie de casos judiciales que intensificaron la confrontación entre ambos.
- Caso Fuga de Pandilleros
Tras la fuga de los 20 reclusos de Fraijanes II confirmada por el Sistema Penitenciario el domingo 12 de octubre de 2025, el MP responsabilizó a funcionarios del Ministerio de Gobernación:
- Se emitió orden de captura contra el exministro Francisco Jiménez.
- Se solicitaron órdenes de captura internacional contra Jiménez, la exviceministra Claudia Palencia y el exdirector penitenciario Ludin Godínez.
Además, Porras afirmó que existía una "una estructura de corrupción incrustada en el corazón del Ejecutivo".
- Caso UNOPS
En octubre de 2025 el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, presentó acusaciones por un contrato entre el Ministerio de Salud y UNOPS valorado en US$243 millones donde solicitó antejuicio contra el ministro Joaquín Barnoya.
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Además, se mencionó al hermano del presidente, Martín Arévalo, aunque, según Arévalo, sin presentar denuncias formales ni pruebas que respaldaran algunos señalamientos. Arévalo respondió que los ataques "rozaban la ficción" y tenían como objetivo deslegitimar su gobierno.
Asimismo el MP informó que existían más de 20 investigaciones abiertas en otras entidades estatales.
Solicitud de antejuicio contra el binomio presidencial
El 29 de octubre último, el MP planteó una nueva solicitud de retiro de inmunidad contra el presidente y la vicepresidenta por la fuga de 20 pandilleros, con el argumento de que incumplieron deberes por no adoptar medidas preventivas en el sistema penitenciario.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia calificó la acción del MP como "otro intento" de obstaculizar el trabajo del Ejecutivo, acusando a la institución de desviar su atención hacia ataques de carácter político en lugar de priorizar investigaciones criminales de mayor gravedad.
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Un nuevo episodio de conflicto
El conflicto más reciente contra el gobierno de Arévalo ocurrió a inicio de noviembre de 2024, cuando el juez Orellana, ordenó nuevamente la cancelación del partido Movimiento Semilla, el mismo con el que Arévalo ganó las elecciones de 2023.
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El presidente Arévalo respondió acusando a Orellana de manipular la ley en favor de la fiscal general Porras. Además, sostuvo que las resoluciones buscan alterar los resultados electorales y justificar un intento de destitución.
Ante ello, Arévalo solicitó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) una sesión extraordinaria para presentar lo que considera amenazas graves al orden constitucional y democrático.
Tres días después, la CC rechazó la solicitud planteada por Orellana y reafirmó la validez de la transición de mando celebrada entre Arévalo y el expresidente Alejandro Giammattei.
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Un conflicto sin vencedores
Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, considera que el enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Organismo Ejecutivo ha generado un deterioro profundo en instituciones esenciales para la democracia guatemalteca.
A su juicio, esta tensión jurídico-política ha erosionado la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, del propio Ejecutivo, de funcionarios del MP y de sectores del sistema judicial que han recurrido a amparos y acciones legales sin fundamentos sólidos.
Hidalgo señala que, pese a dos años de insistir en un supuesto fraude electoral, el Ministerio Público no ha presentado pruebas concluyentes. En ese proceso, afirma, se terminó por afectar el funcionamiento del TSE y del sistema electoral en general, mientras la narrativa del fraude solo debilitó aún más la estructura política del país.
Desde su perspectiva, el desencuentro que surgió tras las elecciones de 2023 no ha producido vencedores. Por el contrario, los costos recaen sobre toda la ciudadanía, sobre el Estado de derecho y sobre la democracia misma, además del impacto negativo que ha tenido en el Congreso, al que también considera perdedor dentro de esta disputa.
Un enfrentamiento con miras al 2026
Por su parte, el analista Luis Fernando Mack compara el conflicto entre la fiscal general y el presidente con "una trama casi novelesca", donde los actores parecen cumplir roles asignados de antemano; uno es visto como el "bueno" y el otro como el "malo", dependiendo del ángulo desde el que se observe.
Mack destaca que ni el presidente ha logrado destituir a la fiscal, ni Porras ha podido avanzar en un proceso contra Arévalo, mientras la CC actúa como un árbitro ambiguo. Ante esta parálisis, el analista plantea la gran interrogante: "¿por qué ninguna de las dos acciones avanza?".
Ofrece dos posibles respuestas. La primera es que ninguno de los bandos tiene la fuerza suficiente para imponerse, debido al equilibrio de poder entre los grupos involucrados. La segunda posibilidad es la existencia de negociaciones entre los sectores que ambos representan, lo que podría implicar la influencia de un actor externo no necesariamente nacional.
Según Mack, cada escenario conduciría a un desenlace distinto en 2026.
Si se trata de un empate de fuerzas, la confrontación podría definirse ese año, con un resultado impredecible. Si existe negociación, el país podría permanecer en una situación intermedia en la que Arévalo obtenga avances limitados, un desenlace similar al ocurrido con la reciente elección de cortes de apelaciones y de la Junta Directiva del Congreso.
