28/09/2020

  • Seguridad y justicia

MP pide prisión de 8 y 11 años para familiares de Jimmy Morales

  • Por Evelyn De León
04 de julio de 2019, 11:07
Samuel Morales y José Manuel Morales enfrentan cargos por un supuesto fraude al Registro de la Propiedad. (Foto: Wilder López/Soy502) 

Samuel Morales y José Manuel Morales enfrentan cargos por un supuesto fraude al Registro de la Propiedad. (Foto: Wilder López/Soy502) 

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha solicitado al Tribunal Décimo Tercero de Sentencia las condenas que considera deberían imponerse a los 25 acusados en el caso de plazas fantasma y fraude al Registro General de la Propiedad (RGP). Las penas van desde un año 8 meses hasta los 14 años de prisión.

El fiscal Carlos de León pidió que todas las condenas sean inconmutables. Es decir que no tengan opción a pagar una multa para poder evitar la cárcel. 

La implicación de José Manuel Morales y Samuel Morales ocurrió en una segunda fase del caso Botín Registro de la Propiedad. (Foto: archivo/Soy502)
La implicación de José Manuel Morales y Samuel Morales ocurrió en una segunda fase del caso Botín Registro de la Propiedad. (Foto: archivo/Soy502)

La petición para los familiares del Presidente 

Para José Manuel Morales Marroquín, el hijo del presidente Jimmy Morales, se pidió una pena de prisión total de 8 años por fraude en forma continuada. El fiscal explicó que la condena solicitada es de 6 años pero aumentada en una tercera parte por la conducta repetitiva por lo que suma 8 años. 

Además se pretende que se le inhabilite para ejercer cargos públicos durante cinco años contados a partir de que cumpla la pena de prisión. 

El Ministerio Público (MP) lo acusó en el juicio de haber participado presentando cotizaciones de más de una empresa en uno de los eventos que pagó el RGP. La intención era fingir que existió competencia pero asegurar la adjudicación para quien en ese entonces era su suegra. 

Además entregó las facturas que facilitaron el desembolso de recursos por actividades que no se realizaron. 

  • LO ÚNICO QUE HA DICHO

Para Samuel "Sammy" Everardo Morales Cabrera, hermano del mandatario, el MP ha pedido imponer una condena de 5 años  por fraude y 6 por lavado de dinero, lo que suma 11 años de prisión. Además se pide que sea inhabilitado para optar a cargos públicos durante 5 años contados después de cumplir la condena.

También que se le imponga una multa de 179 mil 933 quetzales por haber, supuestamente, lavado dinero en el sistema bancario del país. La cifra corresponde a los montos de las dos facturas emitidas y pagadas por el Registro de la Propiedad. 

En el caso de Samuel Morales aún está pendiente de definirse un amparo que presentó para evitar ser investigado por lavado. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones tiene el expediente pero no ha resuelto y el fallo podría, si se resuelve a favor de Morales, anular lo que se ha realizado hasta ahora. 

  • DETALLES: 

En relación a Mario Estuardo Orellana López y Abdi Sucely Estrada García quienes en el momento de los hechos eran suegros de José Manuel Morales Marroquín. La fiscalía pidió 14 años para Orellana y 8 años de prisión para Abdi.  

Al primero se le acusa de lavado de dinero y fraude en forma continuada y a la esposa de fraude en forma continuada. 

Atrás de José Manuel Morales aparece Mario Orellana. (Foto: archivo/Soy502)
Atrás de José Manuel Morales aparece Mario Orellana. (Foto: archivo/Soy502)

Condena para la exdiputada 

El fiscal Carlos de León pidió una condena de 10 años para Gladys Anabella de León Ruiz por peculado por sustracción, la imposición de una multa de 50 mil quetzales y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 6 años después a cumplir la condena. 

La investigación de la fiscalía determinó que en la administración de la también exdiputada entre 2012 y 2015 se contrató a un grupo de personas que no se presentaban a trabajar y saquearon al RGP con unos tres millones de quetzales. 

De León firmó los contratos. También durante su gestión de realizaron pagos por actividades no realizadas o como el caso de las canastas navideñas entregadas pero por otra empresa a la que no se contrató. El fraude suma 321 mil 911 quetzales. 

Los otros acusados

Para Samantha Marisol Mejía Salguero, exdirectora de Recursos Humanos, se solicitó 10 años de prisión y multa de 25 mil quetzales.

De acuerdo a los testimonios presentados en el juicio, los informes que entregaban las personas que mantenían plazas fantasma para comprobar sus labores eran avalados por Mejía. Su firma de Visto Bueno permitía el pago. Además avaló la adjudicación de empresas para actividades no realizadas. 

  • TE PUEDE INTERESAR: 

La otra directora de recursos humanos que avaló las irregularidades, según el MP, es Gabriela María Caridi Canet para quien se pidió una pena de 6 años y 8 meses y una multa de 20 mil quetzales. 

Para Miriam Estela Cisneros y Oscar Raúl Alecio del Cid exdirectores financieros se solicitó 6 años y 8 meses de cárcel. 

Para Edwin Ariel Alvarado García, el exsubjefe de compras y "contacto" en el RGP con Abdi Estrada se solicitó 6 años y 8 meses de prisión e inhabilitación para optar a cargos públicos por 5 años. 

En el caso de Donald Joseph Byrne Mulet, exdirector de Relaciones Públicas, se pidió como condena 6 años y 8 meses de prisión. La misma pena para la exsubdirectora de Comunicación Social, Alma Verónica Barrios Moreno. 

En el juicio también se juzga a Bianca Yaneth Chacón Barillas, quien admitió haber ocupado una plaza fantasma y decidió convertirse en  colaboradora eficaz del MP. Para ella el fiscal pidió que se le apliquen los beneficios del convenio que firmó. 

Se solicitó una pena de 5 años de prisión, pero rebajada en dos terceras partes, por lo que la pena solicitada fue de un año y 8 meses de prisión. Además de una multa de 5 mil quetzales. 

Las conclusiones del MP se presentan tras casi dos años de haber iniciado el juicio y luego de haber escuchado a 95 testigos y analizado más de trescientas pruebas documentales. 

Al inicio del juicio participó como querellante la Comisión Internacional Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero en enero los jueces del Tribunal resolvieron separar al mandatario. 

La Contraloría de Cuentas actúa como querellante y la Procuraduría General de la Nación como parte agraviada.  La fase de conclusiones seguirá en los próximos días con el pronunciamiento de los abogados defensores. No hay una fecha definida para que se emita la sentencia. 

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